Las evidencias de hecho y de Derecho indican que el Golpe de Estado impulsado por el pacto de corruptos fracasó, principalmente gracias a la movilización ciudadana, encabezada por las Autoridades Ancestrales de los Pueblos indígenas, y el apoyo internacional. Sin embargo, las secuelas de esa intentona por fracturar la democracia persistirán por largo tiempo, fenómeno en el que la desigualdad juega un papel central, por lo que deberá ser enfrentada, como prioridad, por el gobierno de Arévalo y Karin.
A finales del pasado diciembre, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presentó su Portal de Desigualdades en América Latina, y definió el fenómeno como “como la ausencia de condiciones similares de acceso y ejercicio de los derechos para las personas y grupos de personas en distintos ámbitos, que pueden referirse a los medios, como el ingreso y la riqueza; a las oportunidades, como la ausencia de discriminación; al acceso a capacidades, referidas a las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para la vida, o al reconocimiento recíproco y la participación en las decisiones y las instituciones públicas”.
Además, advirtió que la desigualdad conspira contra el desarrollo, pues “constituye un freno para la erradicación de la pobreza, la inclusión, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad”. Se trata, pues, de un fenómeno que atraviesa toda la actividad humana de una nación.
Para el caso de Guatemala, este valioso Portal consigna datos desactualizados, la mayoría de 2014, pues los dos últimos gobiernos se han negado a renovar las cifras de nuestra realidad social, en un vano intento de ocultar el abandono de la ciudadanía pobre, como efecto de su corrupción y latrocinio.
En enero de 2022, Oxfam presentó el estudio intitulado “Las Desigualdades matan”, demandando “medidas sin precedentes para acabar con el inaceptable aumento de las desigualdades por la COVID-19. Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo”.
Las cifras que Oxfam consigna en su estudio, citando fuentes, son espeluznantes y debieran movernos a la acción. A continuación, consigno algunas de las más relevantes: a) Las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos 21,300 personas cada día. Esto equivale a la muerte de al menos una persona cada cuatro segundos. b) 3,4 millones de personas negras en EE. UU. estarían vivas hoy, si tuvieran la misma esperanza de vida que la población blanca del país. c) El hambre mata, como mínimo, a 2,1 millones de personas al año. d) Se estima que 5,6 millones de personas mueren cada año por la falta de acceso a servicios de salud en países pobres. e) Los diez hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3,100 millones de personas más pobres. f) Un impuesto del 99 % sobre los ingresos extraordinarios que los 10 hombres más ricos han obtenido durante la pandemia de COVID-19 podría movilizar el dinero necesario para fabricar suficientes vacunas para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar servicios de salud y protección social universales y apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de 80 países. Y, aun así, estos hombres seguirían teniendo 8,000 millones de dólares más que antes de la pandemia.
El fenómeno de la desigualdad es extremadamente extenso y complejo como para agotarlo en esta columna, pero para entenderlo hay que considerar que es el fruto de acciones deliberadas y conscientes de factores de poder dominante, que han estructurado el modelo de Estado, su legislación, su normativa, sus políticas públicas y su presupuesto, para privilegio de unos pocos, lo que hoy se le denomina Captura del Estado (CdE), hecho que posibilitó el empoderamiento del pacto de corruptos y su intentona golpista.
Como la CICIG y la prensa independiente evidenciamos, la CdE fue posible gracias a una alianza criminal entre políticos corruptos, empresarios venales y militares masacradores, actores criminales que acumularon una enorme cuota de poder, que les permitió controlar casi todas las instituciones públicas y gozar de una impunidad casi absoluta.
En los últimos años, este enorme poder se ha sostenido materialmente gracias a la denominada economía de captura. Para conocer este fenómeno a fondo, recomiendo leer el estudio “Economía de Captura en Guatemala: Desigualdad, excedentes y poder” del investigador Harald Waxenecker, que fue publicado en su segunda edición en el año 2020, desde la plataforma ciudadana Paraíso Desigual, con el apoyo de Oxfam en Guatemala.
Para dimensionar el citado fenómeno, el autor analizó 298,927 licitaciones públicas, realizadas de 2004 a 2017, abarcando cuatro gobiernos diferentes. Las licitaciones cubren áreas de infraestructura, salud, alimentos, transporte y seguridad, por un monto acumulado de casi 103,000 millones de quetzales, lo que equivale a 1.2 veces el presupuesto nacional de 2019.
Las conclusiones obtenidas por Waxenecker revelan que, en el mercado de infraestructura, que es el más cuantioso, con 78,000 millones de quetzales, equivalente al 90 % del presupuesto nacional de 2019, en el período analizado, de 2004 a 2017, la economía de captura se pudo haber apoderado del 64 % del valor total de los mismos.
Lo anterior fue factible gracias a la configuración de redes mafiosas entre pocas empresas privadas e instituciones. Es en el marco de esta economía de captura que se gesta la alianza entre oligarcas venales, politiqueros y criminales, constituyendo el eje articulador del pacto de corruptos. Defender ese entramado de privilegios e impunidad, fue lo que les llevó a fraguar el intento de Golpe de Estado.
Diferentes investigaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Financieros (ICEFI) estiman que, aproximadamente, un 20% del presupuesto general de gastos se malversa por la corrupción, acrecentando la desigualdad, al privar de alimentos, salud, escuela y futuro a los pobres del país, con énfasis en indígenas y mujeres.
Es contra este monstruo de cien fauces que el gobierno electo deberá batirse, para lo cual necesita de nuestro concurso ciudadano y, juntos, construir una nueva primavera democrática.
