Durante las últimas semanas, la estrategia golpista del pacto de corruptos ha sufrido una serie de reveses judiciales y políticos, en los ámbitos nacional e internacional, que la han debilitado seriamente, haciéndola prácticamente inviable, por lo que es previsible que no logren impedir que las autoridades electas tomen posesión el próximo 14 de enero.
En primer lugar, el pasado 14 de diciembre la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva una acción constitucional de amparo, presentada el 6 de octubre, mediante la cual un grupo de ciudadanos solicitó al órgano jurisdiccional que definiera una hoja de ruta de cara a la transición, pues las acciones del Ministerio Público (MP) claramente buscaban impedir el traspaso de mando.
La CC fue clara y estableció que “pase lo que pase el 14 y 15 de enero tomarán posesión todos los funcionarios electos”. En su resolución la CC mandata a cada órgano del Estado que se deben realizar todos los procesos para garantizar “imperativamente la renovación de los integrantes del poder Legislativo, poder Ejecutivo y las municipalidades en la fecha prevista en la Constitución Política de la República”. Además, conmina que “En caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes”.
En el fallo, la CC aclaró que “La competencia electoral es exclusiva del TSE, y por otro lado la competencia del MP para poder investigar hechos que puedan ser considerados delitos”, reafirmó. De esta manera aclara el debate sobre la competencia electoral, pero deja abierta la posibilidad al MP de continuar sus investigaciones.
Por razones de competencia, la Corte de Constitucionalidad remitió al Juzgado Noveno Penal el amparo solicitado sobre fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y acciones de la Policía Nacional Civil (PNC). Ese tribunal resolvió, en concordancia con la CC, que los agentes de la FECI deben preservar la institucionalidad, defender el régimen democrático y asegurar la alternabilidad. En cuanto a la PNC, reafirmó que debe garantizar la alternancia de poder, según informaron los amparistas.
A pesar de la resolución de la CC, no es descartable que el pacto de corruptos continúe intentando entorpecer, por distintos medios, que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman la presidencia y la vicepresidencia de la república, respectivamente.
Otra maniobra de gran calado del pacto de corruptos, para dificultar la gobernabilidad a las autoridades electas, fue imponerles un presupuesto antitécnico, que no respondía a las necesidades del país, y que dejaba abierta la posibilidad para el despilfarro y la corrupción.
Lo anterior, gracias a la mayoría de votos en el Congreso, del pacto criminal. Sin embargo, tal imposición fue hecha a la carrera y mal, cometiendo ilegalidades de fondo y forma, por lo que Fundabiem y las Autoridades Ancestrales presentaron sendos amparos ante la CC, la cual otorgó la protección provisional, “dejando en suspenso temporalmente la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala del Decreto 18-2023 que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro”.
En el ámbito internacional, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó, el pasado 12 de diciembre, con una mayoría abrumadora, una resolución sobre el intento golpista del pacto de corruptos, condenando el ejercicio abusivo del poder por parte del MP. Con la resolución aprobada, se decidió aplicar a Guatemala el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, ante el riesgo latente de que el país exista un rompimiento del orden constitucional.
La OEA, también, hizo un llamamiento a las instituciones del Estado para que cesen toda acción intimidatoria, respeto a la integridad del material electoral y defensa de los principios democráticos. Además, envió una delegación del más alto nivel a Guatemala, cuyo informe será conocido este miércoles 20 de diciembre.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó el retiro de la visa a más de 300 guatemaltecos, entre ellos, 100 diputados del Congreso de la República y miembros del sector privado, que han “socavado la democracia y el Estado de derecho en Guatemala”.
Recientemente, mediante un pronunciamiento bipartidista, los senadores republicanos, Marco Rubio, Bill Cassidy y los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin y Ben Cardin, pidieron que se mantenga el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala. Además, los senadores estadounidenses exhortaron a la Fiscal General, Consuelo Porras, a garantizar que el Ministerio Público respete el Estado de derecho y rechace los esfuerzos que socaven la transferencia pacífica del poder.
Por su parte, el pleno del Parlamento Europeo condenó, el pasado 14 de diciembre, el «intento de golpe de Estado» en Guatemala, y las maniobras del Ministerio Público para invalidar el resultado de las últimas elecciones, demandando que el presidente electo, Bernardo Arévalo, sea investido el 14 de enero de 2024.
Además, la Eurocámara solicitó al Consejo de la UE que adopte sanciones –prohibición de viajar y congelación de activos– contra la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul; el juez Fredy Raúl Orellana; la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.
António Guterres, Secretario General de la ONU, reiteró el pasado 9 de diciembre, su llamado “al respeto de la voluntad de los votantes guatemaltecos y a una transferencia del poder sin contratiempos en enero”. Añadió que confía en que “se respetarán los resultados de las elecciones certificados por el Tribunal Supremo Electoral”.
Es evidente que la estrategia golpista del pacto de corruptos se desarticula rápidamente, en los ámbitos jurídico, político, económico y social, por lo que es previsible que, desesperados, impulsen medidas extremas para preservar su impunidad, tratando de evitar que asuman las nuevas autoridades. Pero gracias a la ciudadanía en pie de lucha, encabezada por los Pueblos indígenas, la democracia prevalecerá.
