Autoridades indígenas, que mantienen un plantón frente al Ministerio Público (MP) por la crisis democrática que atraviesa el país, presentaron una acción de exhibición personal para que un juez establezca en dónde está la Fiscal General, María Consuelo Porras, y cuál es su situación. Dicha solicitud fue planteada en conjunto con Acción Ciudadana (AC).
La petición se hizo para que un juez localice a la jefa del Ministerio Público (MP), debido a que desde hace días no ha sido vista de forma pública, aseguraron.
La garantía constitucional fue interpuesta, el mediodía de este sábado 9 de diciembre, ante el Juzgado de Turno de Faltas de Paz Penal de Mixco, localidad en la cual Porras posee una casa.
El abogado Edie Cux, de AC, indicó que la finalidad es «conocer el paradero de la Fiscal General», esto porque «no se ha presentado a sus labores y hay una preocupación generalizada», señaló.
«Queremos saber si hay una restricción o qué está pasando», enfatizó el profesonal del derecho. Además, una líder indígena refirió que «no se la ha visto, pero sí acciones inconstitucionales desde el Ministerio Público».
La solicitud de exhibición personal busca que por medio de un juez se determine cuál es el estado de la Fiscal General, ya que dicha garantía es una herramienta de protección ante las personas que sufran la posible limitación de su libertad o su integridad física.
La solicitud está contemplada en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 263, y también la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad de las Leyes, en sus articulados del 82 al 113.
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SOBRE PORRAS Y LA CRISIS
La Fiscal General ha permanecido en el fuera de la vista pública, de forma física, desde el pasado 2 de octubre, cuando los 48 Cantones de Tototonicapán y otras autoridades indígenas iniciaron un plantón afuera de la sede central del MP, en la zona 1 capitalina, para exigir la renuncia de Porras por sus acciones en contra de la democracia del país.
Las protestas incrementaron y sectores de la sociedad civil se unieron para manifestar en todo el país.
De forma paralela, hubo bloqueos en las principales carreteras del territorio nacional, como medidas de presión en contra de las autoridades del MP que Bernardo Arévalo, presidente electo, denunció por supuestamente fraguar un Golpe de Estado para que no asuma como jefe de Estado para el período 2024-2028.
El pasado viernes 8 de diciembre, el MP declaró “nulas de pleno derecho” las elecciones generales 2023, que dejaron como ganador de la silla presidencial a Arévalo, quien fue impulsado por el suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla.
Lo anterior por supuestas anomalías en las actas electorales. Sin embargo, el órgano encargado de la persecución penal rompió la cadena de custodia de los referidos documentos al secuestrarlos, tras un allanamiento que se desarrolló entre el 29 y 30 de septiembre pasados.
Han pasado más de dos meses desde que la Fiscalía se llevó las actas, y no han sido devueltas. Este sería un nuevo intento de entorpecer el cambio de mando, establecido para el 14 de enero de 2024 por la Constitución Política de la República de Guatemala.
