El Ministerio Público, bajo la obvia dirección de Ángel Pineda, confirmó plenamente lo que, literalmente, todo mundo sabía y que su objetivo con las acciones emprendidas luego del triunfo de Bernardo Arévalo como candidato presidencial iban tras la nulidad de las elecciones; en una conferencia de prensa ridícula por la falacia de los argumentos y la incoherencia de todo el montaje, anunciaron que accionarán ante el flamante sistema de justicia para anular los comicios de primera vuelta. Aparte de eso, plantearán contra Arévalo un proceso por “lavado de dinero”, crimen que evidentemente les encanta utilizar.
Nadie podría objetar una investigación seria de un Ministerio Público que se dedique a combatir el delito; pero ese no es el caso de un MP que metió bajo la alfombra toda la corrupción de este gobierno, incluyendo no solo la alfombra rusa y las vacunas sino todos los negocios burdos cometidos por tanta gente en el ejercicio de la función pública. Por el contrario, se ha distinguido por perseguir a todos los que representan algún riesgo para el sistema de corrupción que sintió un severo golpe con el resultado electoral.
Ridícula, irracional, alejada de derecho y manifiestamente golpista es esta acción que busca poner a Guatemala al borde de un serio aislamiento internacional; y es que si entendemos cómo funciona la justicia en nuestro país, y quiénes la administran, tenemos que entender que por torpe que sea la acción del MP buscan encontrar eco en los tribunales y Fredy Orellana o cualquier otro juez apalabrado puede terminar decretando la nulidad del proceso, buscando el aval de la Corte Suprema de Justicia (electa para eso) y todo recae en la Corte de Constitucionalidad.
Ante la falta de un verdadero Estado de Derecho, la ciudadanía se encuentra en un brete porque se vienen días muy claves para la democracia, a pesar del abrumador repudio a esta acción concertada desde la misma Presidencia con el resto de los poderes del Estado. Sin tener literalmente alguna instancia a la cual se pueda acudir con la plena confianza de que hará prevalecer la ley, el principal apoyo del pueblo es la decisión democrática de la sociedad, sus actores más influyentes y el compromiso democrático de una comunidad internacional que tiene clarísimo el panorama y entiende a cabalidad lo que está ocurriendo.
Los acuerdos de todos los sectores para salvar la democracia tienen que seguir avanzando rápidamente para contener este burdo Golpe de Estado, el más ridículo de toda nuestra larga historia de manotazos contra la democracia y contra la Constitución. Es el momento para que los ciudadanos decidamos en qué bando estamos y creemos que hoy podemos decir que hay un cierre de filas en favor de la democracia.
Aquí debe haber un compromiso real para atacar de frente el sistema de corrupción y por eso el pacto por la democracia debe innovar para recomponer un sistema que descansa en los negocios mal habidos con el dinero del Estado y la impunidad.
