La jornada de ayer, jueves 30 de noviembre de 2023, pasará a la historia como el día en que 108 diputados y diputadas con su mafioso, irresponsable y antidemocrático voto vendieron el país y dieron un paso más para impedir que la construcción de la democracia sea posible. La jornada será recordada con varios indicadores de la ya conocida vergüenza que al hemiciclo ha caracterizado. Al saberse de sus corruptas intenciones la Junta Directiva del Congreso de la República recurrió, nuevamente, a la fuerza pública para cerrar durante desde días atrás varias calles alrededor de su sede. Conocedores de su actuar alejado de la legalidad y legitimidad y con el miedo que les ha caracterizado a las manifestaciones públicas, ordenaron a la Policía Nacional Civil -PCN- imponer su fuerza pública para poder así en la tranquilidad dar rienda suelta a su actuar golpista y al servicio del criminal Presidente de la República, su pareja sentimental y otros golpistas. Paradójicamente el órgano del Estado que por excelencia se dice representar los intereses del Pueblo guatemalteco, lleva tiempo dándole la espalda y haciendo todo lo que esté a su alcance para dañar los intereses populares y beneficiar los privilegios de unos cuantos.
Durante días previos, las y los diputados fueron preparando el escenario. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda presidida por el diputado Cándido Leal del partido oficialista Vamos, diseñó una propuesta para el pleno que servirá para varios propósitos, el primero de ellos impedir, limitar y hasta obstaculizar la labor del próximo Gobierno, le segunda pagar favores a actores vinculados a la corrupción y que financiaron la campaña electoral de varios diputados y diputadas y por último beneficiar los intereses del gran capital. El Presupuesto General de la Nación aprobado ayer a carreras por la noche es contrario a los derechos humanos de la población y le significará un golpe más a su ya deteriorada condición de vida.
Denuncias de compra de diputados y diputadas, así como de estrambóticas cifras por cada uno y una, marcaron la jornada. Tal cual, como que se tratase de la sede de una banda de criminales, se habló de la compra de votos de cada diputado, las cifras fueron variando y creciendo, hasta alcanzar la cifra de un millón de quetzales por cada voto, lo cual llevó a que a menos de veinticinco minutos para alcanzar las doce de la media noche lograron de manera ilegal e ilegítima aprobar la eliminación del antejuicio a la y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral -TSE- y con ello continuar en la senda del Golpe de Estado pretendido. Ahora la tarea será determinar quién o quiénes fueron los actores que pagaron por el voto y que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley y de la historia.
Al Pueblo le tocará nuevamente salir a las calles y defender el voto que emitió el 25 de junio y el 20 de agosto, le tocará no permitir que quienes ayer se ensañaron en su contra tengan paz alguna.
