Fuentes con conocimiento del tema informaron a La Hora que Silvia Patricia Valdés, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), es una de las opciones que el pacto oficialista busca posicionar como magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esto ante el proceso de retiro de inmunidad que afrontan cuatro funcionarios electorales.
La propuesta hecha a Valdés, de llegar a ocupar una magistratura en el TSE, ocurre en medio de una crisis que azota al país por acciones que tienen relación con las acciones que el Ministerio Público (MP) ha emprendido en contra de las elecciones generales desde el pasado 12 de julio, y supone acciones antidemocráticas que podrían vulnerar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta, respectivamente, para el período 2024-2028.
Sin embargo, los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) evidencian que no existe una ruta legal para que Valdés pueda pasar al cargo de magistrada del órgano electoral.
SIN RUTA LEGAL
La comisión pesquisidora que tramita la solicitud de retiro de inmunidad en contra de los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco ya emitió su informe y recomendó al Congreso de la República despojarlos de dicho fuero.
En el caso de la presidenta del TSE Blanca Alfaro y los tres suplentes, cuentan con un amaparo de la Corte de Constitucionalidad.
Esto para iniciar una investigación en su contra por supuestas anomalías en la compra del sistema informático para la Transmisión para Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los magistrados titulares del TSE se encuentran al filo de perder la inmunidad y, de ser así, el MP podría solicitar a un Juzgado Penal su captura por los supuestos cargos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. A palabras de Aguilera y Rojas, se trata de una «denuncia espuria y política».
La Ley de Antejuicio contempla que un funcionario público cesa en el ejercicio de su cargo cuando un juez le dicte auto de prisión preventiva.
De esa cuenta, en un escenario como el anterior, y ante la ausencia de los magistrados titulares del TSE, el artículo 127 de la LEPP establece que se debe llamar a los magistrados suplentes «por sorteo» para asumir dicho cargo.
«Si la ausencia fuere definitiva, la vacante será llenada por el magistrado suplente que en el orden corresponda, según la elección del Congreso de la República, para terminar como titular el período», detalla la normativa, y dispone que el Organismo Legislativo «elegirá de la nómina que en su oportunidad le fue propuesta, al nuevo suplente».
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VALDÉS SE MANTIENE FUERA
El artículo 127 de la LEPP se refiere a la nómina que la Comisión de Postulación del TSE presentó en febrero de 2020, integrada por 20 candidatos al cargo de magistrado titular y suplente, y de la cual resultaron electos 10 de estos.
Valdés no se encuentra en ese listado, y la ruta legal mantiene a la expresidenta del OJ fuera de la posibilidad de asumir como magistrada del TSE.
Por lo tanto, si las cuatro magistraturas titulares quedaran en estado vacante, los magistrados suplentes deben subir a la misma y el Congreso de la República debe completarlas con los 10 candidatos restantes que se postularon hace tres años, siendo estos:
- María Eugenia Morales Aceña de Sierra.
- Ronaldo Isaías Chávez Pérez.
- Luis Felipe Lepe Monterroso.
- José Alfredo Aguilar Orella.
- Pablo Adolfo Leal Oliva.
- Julio Enrique Ricardo Dougherty Liekens.
- Gustavo Adolfo Samayoa Romero.
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.
- Jorge Guillermo Arauz Aguilar.
- Marta Lidia Nij Patzán.
PROCESO CONTRA MAGISTRADOS
Todo el pleno del TSE fue denunciado ante el MP que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, por una serie de aparentes anomalías en la compra del sistema informático que fue utilizado en las elecciones generales 2023.
Aunque son ocho los magistrados denunciados, entre titulares y suplentes, el proceso de antejuicio que mantiene la comisión pesquisidora se centró, en este momento, en contra de cuatro titulares, los restantes obtuvieron la protección de la Corte de Constitucionalidad (CC), que les otorgó un amparo provisional.
La magistrada Irma Palencia, quien fue presidenta del TSE para la convocatoria de las elecciones, la primera vuelta, segunda vuelta y oficialización de los comicios, es una de las antejuiciadas. Pero no se presentó ante la pesquisidora ni entregó un informe con sus pruebas de descargo, ante una acción de amparo que planteó.
Quienes acudieron a la citación que fue hecha por la comisión, el lunes 27 de noviembre pasado, fueron Franco de manera escrita, así como Aguilera y Rojas de forma presencial.
Organizaciones nacionales e internacionales aseguran que la persecución penal en contra de los magistrados del TSE es de carácter político, por oponerse a la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla que buscaba impedir a Bernardo Arévalo pasar a segunda vuelta electoral.
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