POR CLAUDIA PALACIOS
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Según manifiesta el documento presentado, el otorgamiento de la licencia para operar a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua) violenta el derecho de consulta y participación de los pueblos Indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según dijo Rafael Maldonado, director general de CALAS, este es un primer paso jurídico en contra de la licencia, ya que las comunidades, en coordinación con organizaciones de derechos humanos, plantearán al menos cinco acciones legales más.
Entre estas acciones se encuentra un nuevo amparo que será presentado la próxima semana, denunciando la violación al derecho humano al agua de las comunidades, ya que para Maldonado, la licencia evidencia una serie de irregularidades en materia ambiental por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Fernando Castellanos, director de Energía y Minas, evitó expresar opinión sobre el amparo en cuestión porque dijo no tener mayor conocimiento de su contenido; sin embargo, al ser consultado sobre si el ministerio ha realizado alguna consulta a la comunidad respondió que “no está en ninguna regulación quién tiene que hacer la consulta, si a mí me dicen que haga una consulta, yo la hago. La ley está, pero ¿cómo, cuándo, a quién y en dónde hago la consulta? Yo la hago si me dicen cómo hacerla”.
Según la analista del área Socioeconómica del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, Magaly Arrecis, el país carece de un mecanismo específico que permita hacer ese tipo de consultas; sin embargo, existen dentro del Código Municipal varios artículos que sí permiten, a solicitud de los vecinos, hacer consultas de vecinos.
Para la analista las consultas que hasta ahora se han hecho han demostrado que las personas están inconformes con este tipo de actividades mineras. Arrecis agrega que existen malas prácticas mineras y deficiencias, tanto en el MEM como en el Ministerio de Medio Ambiente, que no garantizan que las prácticas de extracción minera sean favorables para el país, ni para el medio ambiente, ya que no se apegan a los estudios de impacto ambiental.
La Hora se contactó con Exmingua, empresa a cargo del proyecto Progreso VII, mejor conocido como El Tambor, quienes dijeron se encontraban deliberando una respuesta; sin embargo, hasta el cierre de esta redacción no habían emitido opinión.
