POR MANUEL RODRÍGUEZ
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La falta de regulación municipal y de una política estatal que prohibiera la construcción de viviendas en un área considerada de alto riesgo es una de las causas de la tragedia ocurrida la semana pasada en la colonia El Cambray II, Santa Catarina Pinula, coinciden funcionarios, representantes internacionales y expertos en temas ambientales en el país. También concuerdan en que nadie advirtió sobre la expansión territorial en este sector ante los riesgos previsibles de un desastre natural.
Jorge Cabrera, experto en temas ambientales en el país, opinó que a pesar que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señaló que desde 2008 la colonia El Cambray II es una zona de alto riesgo a derrumbes y deslizamientos de tierra, también existen en Guatemala rezagos en la implementación de políticas públicas en materia de mitigación y prevención de desastres naturales debido a la poca coordinación institucional y municipal para adoptar medidas en ese sentido.
«Nunca se han tomado las acciones necesarias y ante la emergencia las autoridades tratan de adoptar soluciones que no funcionan en un largo plazo. Seguiremos enfrentándonos a este tipo de situaciones por la poca voluntad y coordinación institucional para implementar políticas antidesastres, antes de que como país tengamos mejores capacidades de respuesta», acotó el investigador.
En tanto, el viceministro de Ambiente, Juan Carlos Carrera, coincidió en que la tragedia ocurrida en El Cambray II pudo haberse evitado si la Municipalidad de Santa Catarina Pinula hubiera escuchado las advertencias de la Conred acerca de los riesgos que corrían las familias asentadas en este sector ante la inestabilidad en las laderas, socavación y erosión en terrenos y viviendas.
También criticó que la institucionalidad pública no haya reubicado a esta comunidad en sitios con mejores condiciones para vivir e intervenir con obras dentro del cauce del río Pinula, el cual ya había registrado desbordamiento en múltiples ocasiones debido a la incesante temporada de lluvias.
Por ello, Carrera hizo un llamado a trabajar coordinadamente para instaurar políticas para evitar que la población se asiente en áreas de riesgo, aunque esto genere conflictividad entre las autoridades con la población.
«Esta tragedia se pudo haber evitado con decisiones políticas en el momento oportuno. Los riesgos eran previsibles. De ahí la responsabilidad de toda la institucionalidad pública en este tipo de situaciones. Ahora queda actuar coordinadamente porque de lo contrario, seguiremos teniendo poblaciones en riesgo de desastres», explicó el funcionario.
Por último, Valerie Julliand, del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, declaró que la resistencia de la población a moverse de las áreas de riesgo no es una justificación válida para que no se implementen medidas para prevenir desastres o se pongan en marcha políticas de vivienda y mitigación del cambio climático.
Con ese contexto, la diplomática pidió que se deduzcan responsabilidades y se mantenga vigente la prohibición de invertir en zonas de alto riesgo que viene desde 2004 a petición de la Conred, aunque a su criterio, «esta recomendación no ha sido respetada por las municipalidades».
