Durante la instancia de jefes de bloque de este 24 de octubre, tras una propuesta para agregar la iniciativa 6299 para ser leída en el pleno y enviarla a la comisión correspondiente, los diputados votaron a favor de la petición que busca darle potestad al presidente de la República para remover a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, esto con una reforma.
La propuesta de ley fue presentada a la dirección legislativa por el diputado Aldo Dávila el pasado 13 de octubre, quien catalogó la iniciativa como una «salida a la crisis» que pretende realizar modificaciones al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que «impide» al presidente, Alejandro Giammattei remover a la jefa del MP, Consuelo Porras.
Aunado a esto, el diputado detalló que con 5 mil firmas de ciudadanos con Documento Personal de Identificación (DPI) y debidamente empadronados podrían solicitar la renuncia.
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Esto ante las jornadas de bloqueos y manifestaciones que se han realizado en el territorio nacional desde el pasado 2 de octubre, exigiendo la renuncia de Porras; del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana.
CAMINO POR RECORRER
Luego de la propuesta presentada por Samuel Pérez durante la instancia de jefes de bloque, el proyecto será leído en el espacio de iniciativas de ley durante la vigésima segunda sesión ordinaria que se celebrará este 25 de octubre a partir de las 12:00 horas.
Después, pasará a su análisis en Comisión, donde se podrán realizar modificaciones y emitir un dictamen, para luego ser agendada nuevamente en instancia de jefes de bloque, y que pase a ser conocida en primer debate en el pleno de diputados.
Posteriormente, se presentará en segundo y finalmente tercer debate por artículos y redacción final del proyecto de decreto.
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SEGUNDA INICIATIVA QUE BUSCA EL MISMO OBJETIVO
Durante la mañana del 24 de octubre, los diputados Adán Pérez, Walter Félix y Pedro Saloj, presentaron una iniciativa con acompañamiento de autoridades indígenas de Chimaltenango, con el mismo propósito, darle la autoridad al presidente para remover a la fiscal general del cargo con modificaciones a la Ley Orgánica del MP.
Félix, por el bloque legislativo Winaq y representante del distrito de Huehuetenango indicó que «la aguda crisis política» fue derivada de los resultados de las dos jornadas de comicios del pasado 25 de junio y 20 de agosto.
También señaló que ciertos sectores de poder están «buscando toda clase de argumentos que les permitan decir que las elecciones fueron fraudulentas, que es necesario anularlas y que no haya una transición«, agregó.
EL ORIGEN DE LAS PROTESTAS
El pasado 29 y 30 de septiembre se realizó un allanamiento de aproximadamente 19 horas en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte del Ministerio Público (MP).
Dicha diligencia condujo al secuestro de las actas número 4 y 8 de las elecciones generales celebradas el pasado 25 de junio, en dichos documentos, se guarda la pureza del proceso electoral.
Al siguiente lunes, 2 de octubre, las autoridades de los 48 Cantones hicieron el llamado a sumarse a las protestas en contra de las autoridades del MP por las acciones antidemocráticas; así como la solicitud de múltiples sectores exigiendo la renuncia de Porras.
