Tras más de quince días de resistencia, el levantamiento popular encabezado por las Autoridades Ancestrales Indígenas (AAI) persiste, manteniendo bloqueos viales, manifestaciones y concentraciones a lo largo y ancho del país, y la dirigencia indígenas ya es interlocutora legítima de instancias nacionales e internacionales, entidades de gobierno, la ciudadanía y los medios de comunicación.
Lo anterior, a pesar de haber sufrido ataques armados, asesinatos, represión policial y una andanada de noticias falsas en las redes sociales, cargadas de mensajes de odio y falsedades, para confundir a la opinión pública, pero se mantienen firmes en sus demandas, reclamando el respeto a la democracia, el fin de la corrupción y la renuncia de la Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de los fiscales Curruchiche y Monterroso, y del juez Orellana.
La historia ha demostrado que para triunfar en una lid política es clave resistir, persistir y nunca desistir. Esto es lo que las AAI han hecho, llamando a actuar pacíficamente, a pesar de que se ha exacerbado contra ellos el racismo de los sectores ladinos, urbanos, de las capas medias y altas. Estos segmentos cavernícolas los acusan de generar grandes pérdidas económicas por los bloqueos, pero obvian que el pacto de corruptos ha bloqueado, por más de una década, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad pública, a la justicia, al agua y a los más elementales Derechos Humanos (DD. HH.).
Los racistas y la prensa vendida obvia que nuestra Carta Magna, en el Artículo 45, preceptúa que “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.”
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha preceptuado que, en situaciones de ruptura institucional como la que vive Guatemala, donde un golpe de Estado está en curso, la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación “resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de protestar contra la actuación de los poderes estatales contraria al orden constitucional y para reclamar el retorno de la democracia. Las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible y, dependiendo de las circunstancias, pueden estar vinculadas con todos o algunos de los derechos mencionados”.
Por consiguiente, la Corte de Constitucionalidad (CC), que con sus fallos contribuye a la ruptura del régimen constitucional, no puede restringir el derecho de manifestación pacífica, ya que la Corte IDH ha señalado que: “El derecho a protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión estatal está protegido por el derecho de reunión, consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana. Esta Convención, ratificada por Guatemala, «reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas» y abarca tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con movimiento. La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente.” (Sentencia de 28 de Nov. de 2018. Serie C No. 371, párr. 171).
En el marco del principio de jerarquía normativa, la citada Convención y los fallos de la Corte IDH sobre el derecho a manifestar, que no contradicen nuestra Carta Magna (Arto. 33), tienen supremacía sobre los erráticos, contradictorios e ilegales fallos de la CC y de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la ciudadanía no está obligada a acatarlos, tal como establece el Arto. 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG).
Como he demostrado en esta columna y las anteriores, el derecho de la ciudadanía a manifestar es legal y legítimo, por lo que hay que tener claro que la crisis institucional que vive Guatemala no es jurídica, sino política. El pacto de corruptos, con el apoyo del Congreso, el MP y las altas Cortes, han impulsado un Golpe de Estado Técnico, porque se niegan a aceptar la libre determinación del Pueblo, que eligió a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, temerosos que el nuevo Gobierno destape el pantano de corrupción e impunidad que creó el pacto criminal.
La condena nacional e internacional al Golpe de Estado, y el tsunami social que las AAI encabezan ha comenzado a hacer mella en el muro de impunidad. Esta dirigencia ha logrado impregnar un ánimo pacífico a la resistencia, se ha abierto al diálogo público y transparente, y ha flexibilizado en los bloqueos el paso del personal de salud, alimentos perecederos, combustibles y personas de la tercera edad. Esta actitud ha incidido en los mandos policiales quienes, en su mayoría, se han negado a reprimir a la ciudadanía.
Desesperado por esa actitud, Giammattei autorizó a Consuelo Porras a exigir a la CC que destituyera por desobediencia al Ministro de Gobernación, el tercer funcionario con mayor poder en el Ejecutivo. Ante esta maniobra, David Barrientos presentó su dimisión al cargo, aduciendo que ejerció sus funciones “dentro del marco de la legalidad, privilegiando en todo momento, el respeto a los derechos humanos […]”.
Ayer por la tarde, el Ejecutivo nombró como nuevo ministro al General de Brigada retirado Byron René Bor Illescas, contraviniendo lo establecido en los Acuerdos de Paz, donde se pactó que el Ejército y los militares no deberían intervenir en la seguridad pública. En las redes sociales se argumenta que Bor Illescas es cercano a Miguel Martínez, y que se le exigirá mano dura contra los manifestantes. Ya despertaron al tigre, y ahora pretenden provocar su ira, para reprimir y establecer Estado de Sitio.
Hace 30 años, el 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano dio un Golpe de Estado, que fue adversado por la ciudadanía, y tuvo que dejar el poder y exiliarse en Panamá. Ahora toca, una vez más, defender la democracia y la voluntad soberana del Pueblo de Guatemala, impidiendo que el pacto de corruptos se perpetúe en el gobierno más putrefacto de nuestra historia y, como en 1944, debemos generar una nueva primavera democrática, bajo la consigna ¡Viva Arévalo, carajo!
