El mes de octubre de 2023 será visto en la historia de Guatemala como el momento en el que los pueblos originarios se convirtieron en el sujeto colectivo central de la transformación que Guatemala necesita. Transformación indispensable debido a la degradación que el país ha mostrado desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. A lo largo de muchos años, la vida política del país tuvo su epicentro en la capital del país. Salvo unos breves años, cuando el clímax del estallido insurgente hizo que el altiplano central y septentrional del país se volviera los puntos nodales del estremecimiento estatal, es en la capital donde los acontecimientos han resultado decisivos.
Fue en la capital donde se fraguó la independencia de 1821, allí mismo se observó la insurrección de 1920 que derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera. Fue la capital el escenario central del derrocamiento de la dictadura ubiquista que dio nacimiento a la Revolución de 1944-1954 y de las jornadas preinsurreccionales de marzo y abril de 1962. Finalmente, fue la capital en donde se observó la acumulación de fuerzas del movimiento social y popular en la década de los setenta del siglo XX, previa al estallido insurgente de fines de esa década.
Por ello lo que ahora observamos es diferente. La fuerza transformadora, el élan que busca desmantelar a la dictadura delincuencial que hoy rige a Guatemala, ha provenido del interior de la república aun cuando el desencadenante haya sido el triunfo electoral de un partido de clases medias mestizas y urbanas como lo es Movimiento Semilla. El otro hecho novedoso es que no son los ladinos o mestizos quienes son los protagonistas centrales como sucedió a lo largo del siglo XX. Hoy la conmoción que sacude al país con el paro nacional fue iniciada el 18 de septiembre cuando ocho comunidades indígenas pidieron al Ministerio Público la renuncia de los esbirros judiciales más notorios de la gobernanza criminal: la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. El paro nacional que ha estremecido a Guatemala es consecuencia de la indiferencia y negativa a dicha demanda.
El eje central del paro nacional son el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinca (Santa Rosa y Jutiapa), las Alcaldías Indígenas Ancestrales Maya Ixil de Nebaj (Quiché). A estas entidades se agregan las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango (Quiché), la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán (Sololá), el Movimiento Social K’ekchí’ (Cobán, Alta Verapaz), la Asociación Indígena de San Francisco El Alto (Totonicapán), la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán. Otras organizaciones mayas que se han adherido al paro son el Consejo de Autoridades Ancestrales de los Siete Municipios de Totonicapán y Articulación Chimaltenango que agrupa a sectores del pueblo Kaqchikel. Independientemente de la adhesión de otros pueblos mayas al paro nacional como son los pueblos Mam, Poqomam y Chortí, es posible distinguir en un primer plano a los pueblos K’iche, K’ekchi’, Xinca, Ixil y Kaqchikel.
Un registro de los bloqueos ocurridos en las distintas carreteras del país y en la capital revela que del lunes 2 de octubre hasta el lunes 9, los bloqueos subieron de 17 a 115 y que en todos esos días los mismos subieron de manera constante. El martes 10 de octubre la Dirección General de Seguridad Vial (Provial) reportaba 136 bloqueos en todo el país, 23 de los cuales se observaban en la capital del país. El miércoles 11, se reportaban 119 bloqueos, 11 de ellos en la ciudad de Guatemala. Por datos vertidos en conferencia de prensa ofrecidas en el sexto día del paro por las organizaciones indígenas y diversas fuentes es posible deducir que los puntos nodales de los bloqueos han estado en la Cumbre de Alaska (Sololá), Las Trampas (Sololá), Los Encuentros (Sololá), La Cuchilla (Sololá), Cuatro Caminos (Totonicapán), Chupol (Quiché) y El Boquerón (Cuilapa). Manifestaciones de protesta se han observado también en las ciudades principales del país como Quetzaltenango, Antigua y aun en los centros urbanos del Petén como Libertad y Poptún. En suma, la rebelión en esta ocasión ha ido del campo a la ciudad. A diferencia de las luchas populares de los setenta del siglo XX, el movimiento sindical no juega un papel destacado.
En la capital de Guatemala, el centro de concentración de la protesta ha sido la sede del Ministerio Público. En los primeros días del paro la mayor parte de los manifestantes eran integrantes de los pueblos originarios, a tal punto que en un discurso vertido allí por el Cardenal Álvaro Ramazzini no dejó de hacer un reproche a la falta del acompañamiento capitalino. Pero los habitantes de la capital, en su mayoría mestizos o ladinos, se han ido sumando a la protesta a través de los estudiantes de la Universidad del Valle, Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala, los locatarios de los mercados de la ciudad y de manera copiosa habitantes de las zonas populares.
Las manifestaciones en contra de la corrupción, que se observaron a partir de abril de 2015 y que concluyeron con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti, habían sido la referencia más reciente de la protesta popular. Lo que hemos observado en este mes de octubre tiene una envergadura mayor porque es nacional y porque los pueblos originarios han estado al centro de esta.
El estallido insurgente observado entre 1978 y 1982 fue cualitativamente distinto porque fue sustentado en una rebelión de los pueblos mayas. Desde entonces los pueblos mayas se volvieron un sujeto de importancia nacional. Esta nueva rebelión se distingue de la anterior, porque son los pueblos originarios los que están al frente, porque sus formas organizativas son las derivadas de sus formas comunales y autónomas de gobierno y porque los mestizos son acompañantes y no dirigentes.
Al momento de escribir estas líneas todavía falta ver la reacción ampliamente desplegada del núcleo duro del Pacto de Corruptos. Ya la comenzamos a ver con los discursos de la fiscal General Porras, del ministro de Gobernación Napoleón Barrientos y del presidente Alejandro Giammattei. Todos dijeron lo mismo: hay financiamiento e intervención extranjera en manifestaciones y bloqueos; los manifestantes ejercen violencia con los bloqueos viales; son una minoría de piquetes que incluso están armados; están ejerciendo actos vandálicos y ocasionando el caos; atentan contra los bienes del resto de los guatemaltecos. De manera más o menos implícita, los tres amenazaron con acciones represivas. La derecha neofascista, a través de su principal vocero, Ricardo Méndez Ruiz, ha llamado a la dispersión de los manifestantes con bombas lacrimógenas. Esto fue precisamente lo que provocaron los infiltrados en la Plaza Central la noche del 9 de octubre.
El Pacto de Corruptos ya empezó la infiltración de manifestaciones y protestas, manipula el desabasto, carestía y los contratiempos que provoca el paro, busca atizar la violencia para justificar la represión y agita el racismo de las clases medias urbanas que una vez más en algunos de sus sectores, evidencian la vieja paranoia que imagina una ciudad invadida por “indios” de violencia desenfrenada. Esto último no sucederá. Lo que sí ha empezado a suceder con esta emergencia de los pueblos originarios, es el inicio del largo camino que sustituirá a la comunidad ficticia de Guatemala con la instauración de un Estado Plurinacional.
