Raul Molina

Fue factor fundamental para el éxito de la lucha ciudadana por la dignidad –la expulsión de Pérez y Baldetti y otros funcionarios del Estado- la coalición de sectores de clase media y las personas en lucha en el movimiento social. Los primeros detonaron el movimiento en la Plaza de la Constitución, el 27 de abril, sosteniéndolo 20 semanas. Las segundas aportaron su experiencia de enfrentar constantemente a los “poderosos” durante décadas: esfuerzos por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz; impulso de la verdad, memoria, justicia y resarcimiento; atender las necesidades de los sectores más pobres: defender las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas; y erradicar la corrupción y la impunidad. Fue su capacidad de paralizar parcialmente el país el factor decisivo para convencer a la iniciativa privada, la Embajada e intereses extranjeros que los mandatarios tenían que caer. Esta inédita coalición produjo el colapso. ¿Se trató de un hecho efímero?
Juzgado por las elecciones del 6 de septiembre y el “gobierno constitucional” pero ilegítimo de Maldonado, podría pensarse que el CACIF y la Embajada lograron imponer su hegemonía sobre la clase media.

Hacia 1850, la alianza entre la clase media, que luchaba contra la nobleza y la oligarquía, y los sectores populares desató revoluciones que estuvieron a punto de generalizar la Revolución Francesa de 1789 en el continente europeo. No obstante, cuando el triunfo parecía cercano, la clase media cambió de bando y se sumó a la burguesía, en alianza con los grandes ricos y contra los trabajadores. Hubo que esperar a la revolución bolchevique en 1917 para lograr grandes cambios. En el occidente, mientras tanto, se formaron nuevas capas de clase media, como colchón político y económico entre los ricos y los trabajadores y campesinos. Mucho ha pasado en casi un siglo: la Unión Soviética ya no existe; los ricos concentran cada vez más el poder económico y político; la clase media está cada día peor y con niveles crecientes de frustración e indignación; los campesinos ven crecer su población pobre y, en vez de recibir tierras del Estado, se les despoja de las que aún tienen; los pueblos indígenas defienden sus territorios y exigen no a la discriminación y “verdadera igualdad”; y los trabajadores han pasado a ser “sector privilegiado”, temerosos de sindicalizarse y teniendo como única opción alternativa la migración al norte.

Cuando se ve, por un lado, la opulencia de los ricos y los barones del crimen organizado y por otro, las inmensas fortunas de quienes han saqueado el Estado, así como: la sucesión de abusos de las empresas extranjeras, que se sienten dueñas de vidas y fortunas; el comportamiento imperial de Estados Unidos; y las demás plagas apocalípticas que padecemos, es posible plantearnos que la alianza entre la clase media y los sectores populares y clase trabajadora sea estratégica, para producir un nuevo país, centrada la política en la ética. La revolución de la decencia, que se proponga instalar el pleno goce de todos los derechos humanos para toda persona guatemalteca, de cualquier edad, en todo el territorio nacional y en la Diáspora.

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