POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Las mejoras en educación, salud y seguridad, generación de empleo y otras áreas que necesitan de una fuente del financiamiento público y que proponen Jimmy Morales y Sandra Torres, son sus estandartes en la campaña electoral por la Presidencia; sin embargo ninguno de los candidatos explica hasta ahora con claridad cómo conseguirán los recursos para pagar esos proyectos, lo que deja serias dudas sobre la viabilidad de sus planteamientos.
Aun peor, la situación de la recaudación tributaria al cierre de este año se torna difícil y según algunos expertos en la materia, lo sería mucho más el próximo ejercicio, así que consideran que los presidenciables deberían ajustar sus promesas al panorama financiero actual del Estado.
Pero otro punto que no se aborda es que si los ingresos ya son bajos, ¿cuánto de estos, sirven para alentar la corrupción, ya sea ésta burda o sofisticada?
Los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta electoral este año, Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN) y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aún no definen concretamente las estrategias a implementar para financiar el Presupuesto General de la Nación 2016, hasta ahora estimado en Q72 mil 430 millones pero que no contará con el respaldo financiero de los tributos a la telefonía, cemento y minería al quedar sin efecto hace unas semanas, así como de préstamos externos por parte de ventanillas y entes internacionales.
Además, la Superintendencia de Administración Tributaria, que no cuenta con un jefe titular desde la desarticulación de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea en abril pasado, durante cuatro años consecutivos no ha logrado alcanzar la meta de recaudación prevista por las autoridades, quienes consideran que el Gobierno entrante podría iniciar con un desfinanciamiento de Q2 mil millones aproximadamente, poniendo en riesgo la estabilidad institucional del país.
Es por ello que aunque Jimmy Morales y Sandra Torres dicen ser ideológicamente opuestos, sus métodos y propuestas que pretendan poner en marcha tienen un objetivo común y la diferencia radica en el “cómo”, pero ambos dicen que eso lo detallarán después de disputada la Presidencia en el balotaje del 25 de octubre próximo.
Sus promesas pueden convencer a muchos y desanimar a otros, pero lo que sí es cierto es que ninguno tiene claro cómo va a financiar su programa de Gobierno.
TORRES: PROMESAS SIN CLARIDAD
Luego que la Corte de Constitucionalidad ratificara la nulidad de tres nuevos impuestos que figuraban para financiar el Presupuesto del 2015, tras conocerse que la SAT quizá no capte en impuestos más de Q4 mil millones este año y que entes financieros globales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, cerraron su ventanilla de préstamos para Guatemala, Sandra Torres, presidenciable de la UNE, consideró necesario discutir y aprobar un nuevo proyecto en el Congreso o de lo contrario, los gastos de 2016 quedarían desfinanciados. Esta declaración la ofreció el jueves de la semana pasada porque ayer dijo que trabajará con el presupuesto que le dejen.
La respuesta surgió después de que los agremiados de dicha cámara preguntarán si apoyaba o no la propuesta que ha hecho el sector privado del país en la reducción de no menos de Q20 mil millones al proyecto que envío el Ministerio de Finanzas, que asciende a Q72 mil 430 millones.
Sin embargo, al cuestionarle sobre si dentro de su plan de gobierno están contempladas nuevas medidas de recaudación fiscal, asegura que para atender los problemas de inversión en salud, educación, seguridad y otras áreas que necesitan de una fuente del financiamiento, la programación comprende además de un combate frontal al contrabando en las aduanas, la ampliación de la base tributaria con el objetivo de elevar los niveles de ingresos al Estado.
Sin embargo, no explica en qué consiste precisamente ese combate al contrabando, que sería la clave para el éxito o el fracaso de su Gobierno, y tampoco detalla qué medidas se implementarán para ampliar la base tributaria, lo cual representa un problema que varios Gobiernos no han conseguido solventar.
El “Plan de Gobierno del Rescate Nacional 2016-2020” es el nombre que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha dado a su propuesta y que se concentra en cuatro grandes ejes: gobierno transparente y eficaz, desarrollo económico, desarrollo social, y seguridad democrática y justicia.
En ese contexto, Torres sostuvo una reunión en la presente semana, con socios de la Cámara de Comercio de Guatemala, pero tampoco detalló cómo piensan combatir el contrabando y ampliar la base tributaria.
“Estoy dispuesta a asumir el reto, porque tenemos el equipo preparado y conocimiento de Estado, pero necesitamos un diagnóstico técnico del presupuesto para eliminar los gastos superfluos y excesos en el gasto público, plazas fantasma por medio de auditorías externas y sobrevaloración en compras y contrataciones”, explica la exprimera dama.
La entrevistada además se muestra anuente a buscar los mecanismos para que el país recupere los Q40 mil millones anuales que a su criterio, se estima en evasión de los Impuestos Sobre la Renta y al valor agregado, aunado a lo que se diluye en el sistema aduanero de Guatemala.
Agrega: “Nuestra prioridad será cobrar lo que se debe cobrar, cerrar los chorros de la evasión y la defraudación fiscal, así como eliminar la corrupción, que también se lleva buena parte de los recursos. Entre la ineficiencia en el cobro y en el gasto y tanta corrupción, no hay dinero que aguante”.
El “Plan de Gobierno del Rescate Nacional 2016-2020” no da certeza sobre las ideas que expone Torres y tampoco sobre las acciones concretas que implementaría.
MORALES: UNA RUTA SIN CERTEZA
Según el artículo 171 de la Constitución Política de la República, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto del próximo año; de lo contrario, regiría de nuevo el del 2015.
Para Jimmy Morales, debutante en política y aspirante a la primera magistratura del país por el partido derechista FCN-Nación, se hace imprescindible aprobar un nuevo presupuesto, además de buscar otros mecanismos para agenciarse de fondos, como fortalecer los procedimientos de fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria.
El próximo año, el proyecto de presupuesto se proyecta en Q72 mil 430 millones, mayor en Q1 mil 714 millones al aprobado para este año, con un estimado de recaudación tributaria de Q54 mil 556 millones, Q543 millones por encima de la meta de recaudación que se prevé para el actual ejercicio fiscal en ingresos directos e indirectos, como fuentes de financiamiento propias.
El entrevistado lamenta la anulación de los impuestos a la telefonía, y el impuesto a la distribución de cemento, pues coincide en que perjudicará el nivel de los ingresos el año entrante, sumado a una baja en los precios del petróleo.
A decir del actor de 46 años, si su intención de colocarse la banda presidencial el próximo 14 de enero, cuando debe asumir el nuevo gobierno, se hace realidad, no se implementarán más impuestos ni subirán los ya existentes y para cubrir el posible agujero fiscal que ocasionaría no recaudar lo que se tenía previsto para financiar el Presupuesto del Estado para este año, “se deben combatir la defraudación, el contrabando y la informalidad”. Sin embargo, admite que son temas complejos y no se ofrecen mayores detalles.
Según el candidato, proviene de la microempresa privada y no le preocupa trabajar sin dinero, dado “que ese ha sido su quehacer de toda la vida” y derivado de ello ha “aprendido a eficientar”; por lo que añadió, su palabra está dada y demostrada.
Por lo anterior, considera que los grandes empresarios y la banca deben reconocer que entre más empresas tengan créditos y crezcan, más contribuyentes les van a ayudar con la carga tributaria. “Nuestra propuesta es acceso al micro crédito y al crédito blando (bajas tasas de interés, largos plazos y quizá algunos períodos de gracia). Ellos necesitan ese dinero, sin capital no se puede producir, pero hay que rescatarlos de los agiotistas”, expone.
En cuanto a los incentivos fiscales para empresarios, opina que si se le van a dar privilegios a unos hay que darles a todos. “Le apuesto a las Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) porque no precisamente una gran empresa va a generar el nivel de empleo que se necesita en el país”, señala. Considera que si se apoya a las Mipymes se va generar empleos en las mismas comunidades y la riqueza se queda allí.
Acerca de su programa fiscal, explica que lo pretende implementar mediante la recuperación de la moral tributaria de la población guatemalteca, dando muestras de una administración sana, transparente y sin corrupción. Igualmente, reitera que habrá que trabajar con algún tipo de tecnología especializada en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para maximizar este tema.
No obstante, no brinda explicación concreta sobre las acciones que implementaría para garantizar los recursos que financien el presupuesto.
De acuerdo al contendiente, su plan de gobernanza ya se encuentra formulado, consta de 76 páginas aproximadamente pero que no ha sido divulgado “por estrategia de comunicación”. Empero, asegura que la transparencia será garantizada con una “política de puertas abiertas” para que los medios de comunicación puedan ser los testigos de los procedimientos.
Dentro de un resumen del plan del FCN-Nación trasladado a La Hora, titulado Visión 20/20, se explica que se realizará una depuración del sistema de justicia con el incremento del presupuesto del Organismo Judicial (OJ), refiere, también, que se convocará a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y otras leyes.
Sobre el tema educativo, se emplearán métodos tecnológicos para garantizar un mejor aprendizaje de los alumnos y que los maestros cuenten con mejores herramientas didácticas.
Otro de los temas que sobresalieron en la corta entrevista, se encuentra el de la minería, al cual el presidenciable de FCN considera que habrá que hacer una revisión, específicamente a la Ley de Extracción Minera y regular las regalías por esta actividad económica, debido al impacto económico-social que esta genera en algunas comunidades.
«No soy enemigo de la empresa o extracción minera, pero el país debe tener una compensación adecuada y acorde, garantizando beneficios para las comunidades y salvaguardando el medio ambiente”, refiere.
El político quien además dice ser “empresario, docente universitario, comunicador, académico y filántropo”, finaliza su intervención calificando como necesaria la extensión de los programas sociales, pero está en desacuerdo con las transferencias condicionadas.
Al igual que Torres, es un poco renuente a dar nombres de quienes estarían en su gabinete de ganar la segunda ronda de los comicios y solo puntualiza que «me rodearé de gente que sí sea experta en los temas de finanzas para una mejor comprensión de las dimensiones de los problemas de Guatemala en materia de política económica».
ÚLTIMO LUGAR DE C.A. EN INVERSIÓN SOCIAL
Según el último informe del Banco Mundial presentado en agosto de este año, Guatemala ocupa el puesto 135 entre 151 naciones del mundo y el último en Centroamérica, por los bajos niveles de inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto. Además es el país con menos ingresos para el Estado, vía impuestos y no tributarios a nivel mundial.
El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala también se pronunció recientemente al respecto criticando que la falta de recursos del Estado para cumplir con sus obligaciones básicas y la baja inversión social en el Presupuesto del 2016 pone en peligro derechos y calidad de vida de millones de personas en Guatemala, lo cual es una violación a sus derechos fundamentales y una amenaza latente para la gobernabilidad del país.
De acuerdo a la ONU, hay un notorio descenso presupuestario en áreas claves como la educación, la salud, el combate a la desnutrición, la prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, particularmente mujeres y niños, y la atención a migrantes, lo cual pone en riesgo la gobernabilidad del país.
El “Plan de Gobierno del Rescate Nacional 2016-2020” es el nombre que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha dado a su propuesta y que se concentra en cuatro grandes ejes: gobierno transparente y eficaz, desarrollo económico, desarrollo social y seguridad democrática y justicia.
Para Jimmy Morales, debutante en política y aspirante a la primera magistratura del país por el partido derechista FCN-Nación, se hace imprescindible aprobar un nuevo presupuesto, además de buscar otros mecanismos para agenciarse de fondos, como fortalecer los procedimientos de fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria.
