Cualquier análisis que se haga sobre la realidad del país tiene que tomar en cuenta los antecedentes que arrancan al día siguiente de la primera vuelta electoral, porque se trata de una cadena de hechos que vienen a dar consistencia a la denuncia internacional de que en Guatemala está en marcha un Golpe de Estado surgido de los tribunales y no de los cuarteles. Y es que debemos recordar que el caso contra Semilla se inició en el 2019 y luego se movió meses antes de esa segunda vuelta cuando el mismo partido pidió que se investigara, pero nadie en el Ministerio Público movió un dedo al respecto hasta que Bernardo Arévalo pasó a la segunda vuelta.
Desde ese día ha sido consistente el proceder de la entidad que dirige Consuelo Porras, escalando cada día sus actos para despejar cualquier duda que pudiera existir sobre las razones para esa insistente y cada vez más agresiva acción en contra del proceso electoral. Debe entenderse, además, que el sistema político nacional ha caído en las garras de un modelo de una corrupción con poder sin precedentes que llegó a tener el control de toda la institucionalidad, por lo que el voto popular, abiertamente contrario a ese modelo, trata de ser destruido a toda costa y con diversas prácticas realizadas desde el aparato de la mal llamada justicia.
Querer explicar con hechos lo que ha ocurrido en los últimos días es imposible, empezando porque el mismo Ministerio Público alega la reserva de los casos para negar cualquier tipo de información, no solo a la opinión pública sino a todos los que están siendo implicados; a ello que hay que agregar la total incoherencia que muestran cuando acuden, amparados por un notable aparato de fuerza y cubriendo sus rostros con mascarillas para evitar ser reconocidos, a las instalaciones públicas que van siendo allanadas.
Hay quienes quieren hacer creer que el Ministerio Público, con Porras y Curruchiche a la cabeza, realmente andan tras algo que no tiene que ver con el resultado electoral, pero los hechos demuestran claramente lo contrario y no puede haber ningún asomo de duda sobre el trasfondo de ese proceder. Pero esa tesis es como aquella del vocero presidencial de atribuir a la inteligencia artificial el famoso audio filtrado de una conversación entre Miguel Martínez y Giammattei porque todos estos hechos que comentamos son la prueba fehaciente de que se están cumpliendo las instrucciones abusivas que Martínez le dio al “gobernante”.
El ciudadano tiene que entender que está en juego la democracia y que buscan impedir que la voluntad popular se concrete y, por supuesto, lo hacen sin medias tintas.
