No se sabe cuántas personas en el MP han sido reclutadas por Consuelo Porras para servir al crimen; pero su permanencia y silencio les hacen cómplices. Desde su primer día como Fiscal General, ella tuvo la responsabilidad de cuidarle las espaldas a Jimmy Morales por sus delitos y corrupción, cometiendo ilegalidades y abusos de todo tipo. Juntos, con la participación de las mafias corruptas en el poder, al llegar Trump a la presidencia de EE. UU. diseñaron el secuestro total del Estado, que los ha llevado a dominar Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y entidades autónomas. Ese asalto de las instituciones se hizo pasando por encima de la legalidad, violando la Constitución y recurriendo al fraude, la corrupción y la extorsión. Es un MP al servicio de la toma del poder absoluto por criminales y corruptos, que en su fase más reciente intenta proceder al autogolpe de Estado, concebido en reuniones clandestinas con Giammattei y su gente cercana. Es mecanismo de terror judicial, policía política, que debe ser paralizado. Se sabrá en el futuro quiénes son mafiosos en el MP, para deducir responsabilidades; pero, se le debe paralizar ya, para impedir que siga haciendo enorme daño. La ciudadanía sabe que para ello deben renunciar de inmediato Porras y Curruchiche. Este binomio del mal se ha dedicado a agredir al TSE, al binomio presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y al partido. Se han negado a buscar a las y los responsables del “Plan Colosio”, intento de magnicidio, que debería haber sido prioritario. Se persigue a las intencionadas víctimas y no a los potenciales victimarios.
El autogolpe de Estado que el MP ejecuta –ante la pasividad y complicidad del resto del Estado- es un delito gravísimo, un intento de democracidio, que no puede llevar más que a una dictadura represiva. Es un delito incuestionable, cuya responsabilidad corresponde a todas y todos los cómplices a lo largo de toda la cadena de mando. Se ha constatado en las acciones de Trump, en EE. UU., para no reconocer el triunfo de Biden, y en las acciones de Bolsonaro, en Brasil, para oponerse a la victoria de Lula. Ambos expresidentes y sus secuaces han debido enfrentar cargos que se espera que les produzcan condenas de muchos años de prisión. El intento actual en Guatemala, vía el autogolpe de Estado, tendrá que ser sancionado con igual rigor; pero el primer paso es la desarticulación inmediata del instrumento de agresión. En varios países existe la figura del “arresto ciudadano”, cuando las personas que observan un intento de crimen intervienen y detienen al criminal para entregarlo a las autoridades correspondientes. Hoy, en Guatemala, está ocurriendo el crimen de irrespetar la voluntad ciudadana en las elecciones recién pasadas. La ciudadanía puede proceder al arresto ciudadano de las tres figuras visibles del crimen –Porras, Curruchiche y Orellana- para que se detenga y se logre la identificación plena de los autores intelectuales. Este ejercicio ciudadano, con sus riesgos, podría evitarse si las tres personas indicadas renuncian de inmediato y se paraliza el MP en sus acciones ilegales, inmorales e inconstitucionales.
