Lo realizado por la Junta Directiva del Congreso en el caso de Semilla, si se contrasta con el partido de Mario Estrada, UCN, resulta mucho más que un doble rasero porque demuestra y confirma que en Guatemala no existe un régimen de legalidad que sea observado, como debe ser, por todos, pero empezando por las autoridades. En efecto, el partido UCN fue cancelado luego de que su máximo dirigente fue detenido y condenado en Estados Unidos luego de aquel famoso y célebre almuerzo con narcotraficantes en el que también participó el entonces presidente Jimmy Morales.
No obstante, la cancelación legal del partido UCN, los diputados que han formado parte de la alianza oficialista, no sólo siguen apareciendo en la página oficial del Congreso como miembros de la bancada de ese partido, sino que han figurado en comisiones y la directiva, mientras que la bancada Semilla fue borrada el mismo día que la directiva del parlamento recibió la “información de la cancelación” dispuesta de manera ilegal porque aún no ha terminado el proceso electoral.
En todo caso, la Ley Electoral y de Partidos Políticos claramente establece que los procesos para la cancelación de alguna de esas entidades de derecho público únicamente la pueden realizar el TSE con base en esa ley específica y jamás porque lo disponga un juez en un proceso que se lleva bajo las normas de la Ley Contra el Crimen Organizado, instrumento que escogió el Ministerio Público y la FECI, porque es una norma que permite comportamientos que en otro marco legal serían ilegales.
Pero el punto toral de todo está en que es evidente cómo está funcionando la maquinaria que no persigue únicamente dejar fuera la bancada de Semilla, sino que, entiéndase bien, apunta a descarrilar el proceso electoral que dio el triunfo a Bernardo Arévalo. Quien no entienda el trasfondo de todas las maniobras que se vienen realizando está absolutamente perdido porque es clarísima la intención final de toda la jugarreta que arrancó, precisamente, al día siguiente de la segunda vuelta, cuando Semilla logró una votación que no se imaginaban.
Hay algunas voces que vienen advirtiendo sobre la eficiencia de esa perversa maquinaria que se ha orquestado y que, en apariencia, está centrada en el tema de los afiliados de Semilla, un caso que inició en el 2019 por denuncia que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que el mismo partido ha pedido investigar. Otros, en cambio, creen confiadamente que tras la segunda vuelta no hay vuelta de hoja y que el país empezará una nueva ruta el 14 de enero. Esa ilusión actual puede ser el elemento más dañino para la democracia porque hay que entender que harán todo para bajarse el proceso.