Jorge Santos
Durante los últimos años, hemos asistido a la imposición de un modelo de desarrollo que basado en el saqueo de los recursos naturales y la expoliación del trabajo, ha refuncionalizado una vieja estructura económica de la cual vive tan sólo el 2% de la población y que a su vez genera exclusión, pobreza extrema y por ende muerte.
Como es obvio, cada modelo de producción, tiene su propio modelo de Estado y para el caso nuestro, está marcado por la defensa irrestricta de la propiedad privada y el capital por encima de cualquier otro derecho humano, incluyendo la vida. No hace falta hacer un recuento estadístico de la cantidad de muertes que produce esta ignominia de modelo, en tanto que salta a la vista; muertes por causas prevenibles en niños y niñas menores de 5 años; muertes por desnutrición crónica; muertes violentas, es un hecho que el país lo acedia la muerte y esta tiene como causa central dicho modelo.
Durante los últimos años esto se ha vuelto una realidad más profunda y ciertos hechos recientes dan muestra de ello. Sebastián Sajic, Principal de Principales, guía espiritual, representante ante el Programa Nacional de Resarcimiento, testigo del Genocidio perpetrado contra el Pueblo Ixil y miembro de la resistencia contra la instalación de una hidroeléctrica en su municipio, fue vilmente asesinado el 11 de septiembre pasado cuando regresaba hacia su casa. Esta muerte violenta, al igual que las llevadas a cabo en los municipios del Norte de Huehuetenango pretenden amedrentar y reprimir la capacidad de los pueblos ha ser sujetos de su propia historia.
El pasado jueves un juzgado pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos contra el Ambiente de Petén, resuelve suspender las actividades de la empresa Reforestadora de Palma de Petén S.A. –Repsa-, debido a su probable participación en el Ecocidio perpetrado contra la vida, flora y fauna del Río La Pasión. Dicha resolución provoca al día siguiente, que trabajadores de la empresa retengan ilegalmente, durante más de 11 horas, a tres defensores de derechos humanos, bajo la amenaza que de no llegar el Gobernador Departamental a instalar una mesa de diálogo, serían quemados. Con excepción de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ninguna autoridad estatal se hizo presente en el lugar de los hechos.
Otros dirigentes de la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Naturaleza se hacen presentes frente al juzgado de San Benito Petén a interponer una Exhibición Personal a favor de los tres defensores retenidos y entre ellos se encuentra Rigoberto Lima Choc. Mientras los hechos de violencia se daban en Sayaxché, en San Benito Petén era cobardemente asesinado Rigoberto quien por defender la vida frente a una empresa que ha provocado un desastre ambiental sin precedentes, pago con su vida el costo de vivir en un país donde el modelo de desarrollo y de Estado privilegia la propiedad privada y la inversión por encima de la existencia humana.
