Escribí estas líneas ayer 8 de agosto. Hace 40 años el General Humberto Mejía Víctores lideraba un golpe de Estado en contra del régimen del General Efraín Ríos Montt. Si bien no fue inmediato, el golpe desencadenó una cadena de sucesos que llevó a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y a la apertura a la democracia en el país con las elecciones en 1985. Había llegado el tan ansiado regreso de la democracia al país luego de una serie de golpes de Estado y gobiernos militares autoritarios en medio de un conflicto armado interno que tuvo como orígenes, precisamente, la percepción en un grupo que existía nula capacidad de modificar el rumbo del país por medios democráticos.
Hay que recordar que en la época de finales de los 70´s y principios de los 80´s, el disenso y la crítica a la dirección de los negocios estatales eran combatidos con persecución y posiblemente muerte. Existía autoritarismo y uso de la fuerza desmedido. En las calles se miraban volantes y bulos anunciando ejecuciones o amenazas, así como hoy, perfiles anónimos de redes sociales, anuncian acciones penales contra disidentes, periodistas, políticos no afines o incluso en contra de operadores de justicia. Hoy ya no asesinan en paneles o en carros sin placas sino utilizan el proceso penal para perseguir opositores y asesinar su carácter, su fama y su quehacer profesional. En el peor de los casos, forzar al exilio. Esa etapa se superó a precio de mucha sangre.
En aquellos días uno de los pilares del regreso a la democracia fue la libertad de formar partidos políticos porque se reconoció que en la época anterior los valladares a la creación de partidos había sido un elemento fundamental del autoritarismo imperante y de las pocas válvulas de canalización de la voluntad ciudadana para el autogobierno. En ese orden de ideas los constituyentes consagraron que en ley de rango constitucional, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), se iba a normar todo lo concerniente a la formación y funcionamiento de los partidos políticos. Hoy a través del proceso penal, como instrumento al servicio del poder, se pretende someter ese orden a los designios de estructuras de poder y limitar la libre asociación política con razones de “apariencia” de legalidad. Es cierto, en nuestra imperfecta democracia, por una miríada de razones esa garantía no ha dado los resultados que se esperaban y no ha emergido una plena democratización en búsqueda del bien común y la prosperidad compartida por todos los ciudadanos. Pero el camino a la democracia ha servido para eliminar la violencia política para bien o para mal. Toca seguir perfeccionando nuestro sistema partidario, no hacerlo añicos por agendas perversas.
Hoy, las mafias enquistadas en el Estado y sus adláteres procuradores de impunidad quieren menospreciar la historia del país y las tan a fuerza y sudor ganadas garantías democráticas de nuestro país para fines perversos. Para asegurar que su poder no se vea disminuido y sus negocios ilícitos y fuentes de riqueza no sean afectados. Quieren, en símil a las paneles sin placas que secuestraban y torturaban a opositores, usar el proceso penal para descarrilar la voluntad ciudadana ejercida a través del voto. Gritan fraude porque sus planes maquiavélicos no funcionaron, aprendiendo que la teoría de juegos en sistemas complejos dan lugar a resultados inesperados.
En medio de todo esto, en una polarización artificialmente creada, las personas ven con desconfianza al otro, sus motivaciones y sus intereses. Otros desconfían de la democracia porque están acostumbrados a imponerse y no pueden aceptar que otros piensen distinto. Pocos han aprendido la lección que nos dejó Winston Churchill cuando dijo: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”. En el matrimonio, cada cierto tiempo los esposos se “renuevan los votos” para revivir su compromiso de amor y de apoyo mutuo. Hoy me pregunto si debemos nuevamente los guatemaltecos “renovar nuestros votos por la democracia”. Creo firmemente que sí. Los guatemaltecos no vamos a podernos desarrollar material ni espiritualmente en un ambiente de conflicto y de aplastamiento del otro, viviendo en una guerra sin cuartel de intereses mezquinos. No. La historia moderna nos muestra que las sociedades libres en los cuales hay bienestar se han forjado a través de mecanismos democráticos en los cuales los gobernantes son electos por los ciudadanos y al serlo éstos se someten al imperio del Derecho, limitándose su poder, por mecanismos de control del poder que hace que se salvaguarden los derechos individuales. En Guatemala en los últimos años, por razones que no se pueden abordar en estas líneas, esos pesos y contrapesos han sido aminorados y anulados, en perjuicio de la cuentadancia gubernamental, la gobernanza y la pérdida de libertades que antes se descontaban.
Pienso que en Guatemala se necesita una profunda reflexión en las élites económicas, académicas, políticas y sociales del valor de la democracia. De la necesidad de forjar acuerdos mínimos que permitan que la política se revalorice, que deje de ser el terreno del pícaro, del sinvergüenza y del traficante de influencias, sino como el oficio respetable en una democracia representativa y republicana, de ser el intermediario entre la ciudadanía y sus preferencias políticas en un ambiente de respeto mutuo, que permita que la libre de circulación de ideas e ideales permita el convencimiento de las masas y así se dé la alternancia del poder que ahora se ve amenazada. Creo que la forma de renovar nuestros votos por la democracia sería la convergencia en un «Pacto Democrático» como se pensó en 1984-1985 en los inicios del regreso a la democracia.
