Ricardo Rosales Román
\ Carlos Gonzáles \
A partir de la llamada transición democrática, a cada gobernante civil -«popular y democráticamente electo»-, al final de su mandato, se le considera y califica de lo peor y al que lo sucede como… mucho peor.
Al gobierno de Berger (2004- 2008) lo consideré como el peor de los cinco que, desde 1985, le habían antecedido y fui de la opinión que no podía haber un gobernante peor. No resultó siendo así. Quien cuatro años después asumió el poder, lo superaría con creces. En 2011, resultó «electo», en segunda vuelta, el general Otto Pérez Molina. Se hizo cargo de la más alta magistratura del país a partir del 14 de enero de 2012.
La gestión de Pérez Molina fue errática, escandalosamente corrupta y contraria a los intereses del país. La crisis política, institucional y de gobierno, se agrava y profundiza, la situación para nuestro pueblo y el país se torna cada vez más insoportable. Lo que faltaba era «la chispa que incendiara la pradera». Ello, ocurrió el 14 de abril.
El estallido social y popular de indignación y repudio a la corrupción e impunidad en las más altas esferas de gobierno es resultado y consecuencia del agravamiento y profundización de la acumulada, prolongada y no resuelta crisis institucional, política y gubernamental.
Es a partir del 14 de abril que potencialmente se crean las condiciones para institucionalmente luchar a favor de los cambios profundos que el país necesita. Las multitudinarias demostraciones de abril a agosto confirman que aquello era posible y era lo que podía suceder.
Entre tanto, en el mayor de los aislamientos y desprestigio, Pérez Molina se ve obligado a renunciar a su cargo la noche del 2 de septiembre. Inmediatamente después es ligado a proceso penal sindicado de varios delitos. En la actualidad, guarda prisión en el Cuartel General y Cárcel de Matamoros.
A su vez, la vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, lo había hecho la tarde del 8 de mayo y, al igual que Pérez Molina, está ligada a proceso por los delitos que se le atribuyen a la banda criminal de La Línea y, por decisión del juez de la causa, en prisión preventiva y recluida en el Centro Médico Militar.
Puesto que nada está definido ni resuelto y la crisis institucional, política y gubernamental persiste, es necesario tener en cuenta aquellos factores y elementos que inciden en el desarrollo y desenvolvimiento de los acontecimientos de los cinco más convulsos y agitados meses de nuestra historia reciente.
Una vez más, el abusivo intervencionismo de la embajada de Estados Unidos y la sumisión y oportunismo de siempre del empresariado organizado a lo que se decide en la Casa de la Avenida de La Reforma, logra encauzar la lucha social y popular a su conveniencia e interés y asegura, por el momento, la continuidad y prolongación del caduco y agotado sistema político, institucional y gubernamental. Esto, por un lado.
Por el otro, el voluntarismo y reformismo de quienes encabezan los agrupamientos conformados al calor de la indignación y repudio a la corrupción gubernamental, no permite ni hace posible definir y encauzar correcta y certeramente los objetivos y propósitos fundamentales, reales y verdaderos, de la lucha social y popular y, sobre todo, en dirección de los cambios profundos del sistema.
Además, la instauración del gobierno de transición encabezado a partir del 9 de septiembre por el ultraconservador y emelenista abogado Alejando Maldonado Aguirre, neutraliza la lucha antigubernamental y con las votaciones del 6 de septiembre el sistema consigue desviar la atención del objetivo principal de la lucha social y popular.
Al igual que estos factores y elementos que inciden e influyen en los acontecimientos de abril a agosto y en la situación actual y condiciones del momento, hay que tener en cuenta, asimilar y considerar sus enseñanzas y experiencias para, a partir de allí, visualizar y dilucidar si el corrupto sistema político, institucional y gubernamental continuará y se prolongará o colapsará antes o después del 14 de enero.
