Juan Antonio Mazariegos G
En pocas ocasiones es posible apreciar la importancia de la independencia económica y administrativa que debe de existir entre distintas instituciones del Estado, como en estos momentos, dada la carencia de recursos económicos que ha enfrentado el Ministerio Público.
El pasado 27 de agosto, el Director de Recursos Humanos del MP remitió una circular a todos los trabajadores de dicha institución, por medio de la cual hacía de su conocimiento que el Ministerio de Finanzas no había situado los recursos financieros necesarios para hacer el pago del bono extraordinario y el salario correspondiente al mes de septiembre, lo que hacía poner en duda la capacidad de pago de los mismos. De igual manera y dos días más tarde, la Fiscal General se pronunciaba ante los medios de comunicación para manifestar que tenían recursos de amparo preparados para ser presentados y de esa manera garantizar la debida asignación de los recursos a la institución a su cargo.
Aun y cuando el Ministerio de Finanzas Públicas finalmente garantizó los recursos para el pago de dichos rubros para todo lo que resta del año, no es factible que se diera un escenario como el que vivimos en esos días, en donde el Ministerio Público planteaba acusaciones en contra de las principales figuras del Organismo Ejecutivo, Presidente y Vicepresidente, mientras una dependencia de dicho organismo no situaba los fondos para pagar la totalidad del sueldo a los trabajadores de quien acusaba a sus jefes.
Las razones del no pago por supuesto podían ser muchas, la caída de los ingresos del Estado ante la falta de moral tributaria, al percibir el contribuyente que los recursos que se recaudan solo engorda la piñata; la nefasta planificación de los presupuestos del Estado que privilegian negocios y dadivas en lugar de desarrollo en infraestructura y funcionamiento; o bien como cualquier cristiano pudo haber supuesto, un castigo para quien se atrevía a acusar a los poderosos señores del Estado.
Sin importar la respuesta que prefieran y para garantizar la independencia de las instituciones, el meollo del asunto radica en que deben de existir mecanismos dentro de la estructura del presupuesto de la Nación que privilegien la asignación presupuestaria a sectores críticos como la justicia o la salud, de manera tal que no puedan quedar a discreción de cuadros medios u órdenes oscuras la asignación de recursos que pueden convertirse en una presión o palanca para que un organismo del Estado funcione de acuerdo a los intereses de quienes las manejan.
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