POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Un mal sabor de boca aún queda en diferentes sectores sociales, pues aunque Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti renunciaron a la Presidencia y Vicepresidencia respectivamente y ahora ambos están ligados a proceso en el Caso La Línea, las reformas legislativas del Estado que era otra de las exigencias en las manifestaciones ciudadanas, duermen el sueño de los justos en el Congreso y dificultan el panorama de combate de la corrupción, la impunidad y la renovación de la política nacional.
La aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de Servicio Civil, de Compras y Contrataciones del Estado, de la Carrera Judicial, entre otras, son fundamentales dada la coyuntura actual donde funcionarios han renunciado y que aún no se ha logrado una verdadera transformación del sistema que fomenta la corrupción gubernamental, ya que las modificaciones a las normativas, siguen sin discutirse en el Organismo Legislativo, según el análisis de expertos consultados.
Para el investigador Bismarck Pineda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), está claro que si no existen reformas en el marco legal guatemalteco relacionado con la operatividad del Estado, no habrá cambios sustanciales en Guatemala, pues las reglas de juego actuales están dadas para que los corruptos sigan haciendo de los recursos públicos un botín, sin importar las necesidades que tiene el país.
El entrevistado afirmó que ya hace meses la población guatemalteca despertó demandando que la corrupción en la administración pública sea castigada y eliminada. Sin embargo, a su criterio, todavía no existen señales de que estas prácticas van a cambiar ya que de todas las reformas que se han propuesto, solo algunas se han discutido y otras han sido modificadas de tal manera, que se pone en tela de juicio si realmente serán un candado para la corrupción en el Estado.
Por su parte, el analista político independiente, Renzo Rosal, indicó que si bien las reformas a las leyes nacionales no resuelven todo, son fundamentales para limpiar la clase política y democratizar el acceso al poder.
En ese contexto, el politólogo aseguró que el Parlamento acumula presión para dar el visto bueno, al menos, a las reformas electorales que buscan evitar el transfuguismo, prohibir la reelección de candidatos y regular el financiamiento –tanto privado como público- de los partidos políticos antes de la segunda vuelta de elecciones (programada para el próximo 25 de octubre).
“Hace más de cuatro años que se discuten en la sociedad civil, incluso en algunos partidos políticos. No hay excusa para que políticos en el Congreso detengan lo que hace ratos la ciudadanía demanda”, recalcó el citado.
Por último, Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos, dijo que aunque la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado sopesó la reciente dimisión de Otto Pérez Molina por los distintos casos de corrupción en el actual gobierno o las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en un momento clave de la coyuntura del país, “a título personal es más importante la discusión, aprobación y entrada en vigencia de la Ley que la dimisión del exgobernante”.
