En próximo gobierno debe jurar ante el pueblo, hacer un compromiso que su acción será combatir la corrupción que por años ha sido la columna vertebral de los políticos que se asocian con algunos sectores para enriquecerse y tener al guatemalteco en la lipidia. Uno de los ministerios que por años ha sido nido de corrupción, es el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, lo fue en el gobierno de Otto Pérez Molina, con Alejandro Sinibaldi, preso por corrupto y ahora sale a luz otro acto de corrupción en dicha cartera, donde se imputa al extitular de ese despacho y diputado de Vamos, por el distrito de Quiché, Josué Edmundo Lemus, que lucha por su reelección, al incriminarlo de ciertos negocios oscuros de varios millones, dinero asignado para el mejoramiento de la carretera entre Cuilco y Tectitán, Huehuetenango, que fue sobrevaluada por varios millones de quetzales, para lograr la concesión.
La Contraloría General de Cuentas, está en antecedentes y por ley debe presentar la denuncia al Ministerio Público, para deducir responsabilidades, civiles y penales. Se dijo que el costo del proyecto de esa carretera, fue modificado y se alteró su valor real, por varios millones, sospechándose que el diputado oficialista Lemus, y funcionarios del referido Ministerio, tengan responsabilidad en ese sucio y apestoso negocio, se cree que la empresa que tuvo a su cargo ese proyecto vial, sobornó a los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, para que le adjudicaran la obra.
La corrupción es responsable de la crisis económica que por años ha tenido Guatemala, donde cada gobierno enriquece a sus funcionarios y desafortunadamente la administración de Alejandro Giammattei, es el reflejo de esa corrupción, el funcionario lo niega y deja en duda su credibilidad como administrador del Estado, tiene una baja aceptación del pueblo. Desafortunadamente el sector privado, con pocas excepciones, ha sido cómplice directo de esos hechos anómalos, porque hace negocios encubiertos con los funcionarios de turno, alterando el valor de una construcción con el consabido derecho que a su patrocinado se le adjudique la obra, por varios millones su valor real, como asegura la CGC que no debe quedarse de brazos cruzados y accionar con todos los responsables de esa sucia maniobra.
En la gestión de Lemus en el Micivi se dijo que había hecho negocios ilícitos, y se espera que el MP si hay pruebas suficientes contra el legislador y los que podrían estar vinculados al sucio negocio, promuevan las acciones pertinentes en los tribunales, de ser culpable el relacionado exfuncionario, pierde sus esperanzas de seguir aferrado a su curul, salvo que los jueces se presten a acciones espurias y deben actuar con celeridad y con apego a derecho para sentar un precedente que los corruptos deben estar presos y devolver lo que ilegalmente han robado.
