POR CLAUDIA PALACIOS
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Otto Pérez Molina apeló la medida de prisión preventiva que le fue impuesta por el juzgado de Mayor Riesgo “B”, luego de que se iniciara proceso penal en su contra por su presunta vinculación a la estructura de defraudación aduanera “La Línea”.
César Calderón, abogado defensor de Pérez Molina, presentó un recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo en contra del auto de prisión preventiva dictado contra el expresidente.
Según indicó el abogado, el Ministerio Público (MP) no comprobó al juez Miguel Ángel Gálvez que realmente existe peligro de obstrucción a la justicia. “Es una sospecha que no está fundamentada y ante esa falencia, la ley y la doctrina es clara en cuanto a que debe prevalecer la libertad de la persona”, dijo el abogado.
Pérez Molina es señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) como el cabecilla de la red de defraudación aduanera “La Línea”. Los investigadores presentaron abundantes evidencias de que el exmandatario permitió que la estructura se apoderara de la Superintendencia de Administración Tributaria.
El juez Gálvez dictó prisión preventiva y envió a Pérez Molina al Cuartel de Matamoros, argumentando que la medida asegura que el procesado no utilice sus influencias para obstaculizar la persecución penal del MP y la CICIG.
Matamoros se habilitó como centro de detención con el fin de proteger la vida de personas involucradas en casos de alto impacto, cuya integridad física corra peligro en los centros preventivos.
Sin embargo, los privilegios que gozan los allí detenidos han sido reportados por los medios de comunicación en varias ocasiones. El matutino Prensa Libre hizo pública fotografías de la amplia habitación en la que supuestamente permaneció detenida la exvicepresidenta Roxana Baldetti, antes de ser trasladada al Centro de Detención para Mujeres Santa Teresa.
El apartamento esta designado para oficiales que estuvieran de alta y consta de una sala, un dormitorio y área de servicios.
Por el caso denominado “La Línea” hay otras 37 personas detenidas, entre ellas los dos últimos titulares de la SAT, Carlos Muñoz y Omar Franco. Además hay 18 personas pendientes de captura, entre los que se encuentra Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia.
La audiencia de apertura a juicio contra Pérez Molina se programó para el próximo 21 de diciembre. En la diligencia se definirá si el exmandatario enfrentará juicio por cohecho pasivo, casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita.
Embargan cuentas de Pérez Molina
El Juzgado de Extinción de Dominio ordenó embargar Q5 millones 228 mil 360 y US$ 22 mil 723 de seis cuentas del expresidente Otto Pérez Molina, vinculado a la red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.
La medida cautelar fue decretada por el juez luego de la solicitud planteada por el Ministerio Público (MP), el cual presentó reportes de transacciones sospechosas emitidas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
De acuerdo con las pesquisas, en el 2009, Pérez Molina recibió Q500 mil provenientes del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), los cuales estaban destinados a un proyecto de ampliación y mantenimiento de caminos.
Según la Fiscalía, Fonapaz trasladó Q7 millones hacia la empresa Agricultura y Mecanización de Tierras S.A., propiedad del diputado del Partido Patriota, Estuardo Galdámez; quien a su vez trasladó Q2.5 millones a Constructora Jumar, S.A., cuyo dueño es Juan de Dios Rodríguez, exsecretario general de la Presidencia.
Finalmente, dicha empresa depositó Q500 mil a una cuenta a nombre de Pérez Molina.
