POR CLAUDIA PALACIOS
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Otto Pérez Molina, expresidente de la República, enfrentará proceso penal por su presunta vinculación a la estructura de defraudación aduanera La Línea, según ordenó el juzgado de Mayor Riesgo «B».

_Nac3_1bTras tres horas de argumentación, el juez Miguel Ángel Gálvez dictó auto de procesamiento en contra del expresidente Otto Pérez Molina, el detenido número 39 de la red de defraudación aduanera «La Línea».

El exfuncionario enfrentará proceso por los cargos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo, mismos por los cuales es procesada la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Pérez Molina, lideró «La Línea», por lo menos desde mayo del 2014, hasta abril del 2015.

Antes de dar a conocer su dictamen, el togado hizo un análisis de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y los argumentos del abogado defensor.

De acuerdo con el juzgador, el objetivo de la estructura criminal era lograr el control de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y sus dependencias para facilitar sus actividades delictivas.

El togado hizo mención de que durante los allanamientos en la Boutique Emilio, se encontró un organigrama de la SAT y documentos que especificaban todos los cargos y todas las oficinas que se pretendían cambiar. «Incluso se detallan los nombres de las personas que iban a proponer», indicó.

Llamadas telefónicas interceptadas a Carlos Muñoz, exisuperintendente de la SAT, evidencian que Pérez Molina lo presionaba para cambiar a jefes y administradores de la institución.

El juez destacó la relación entre el entonces Presidente con Salvador Estuardo González Álvarez, presunto líder operativo de «La Línea».

Según indicó, dichas relaciones quedaron constatadas en las numerosas escuchas telefónicas presentadas por el MP, en las cuales González Álvarez y otros miembros de «La Línea» hablan de reuniones, llamadas, órdenes y declaraciones del «Presidente», a quien también identifican como el «Uno», el «Mero mero» y el «Dueño de la Finca». En otras llamadas se hace referencia directa a la «Casa Presidencial».

Para lograr cooptar la SAT, los integrantes de «La Línea» buscaban el cambio de personal administrativo, para sustituirlo con personas cercanas a la organización criminal, según explicó el togado.

Durante los allanamientos efectuados por la fiscalía en las oficinas de Salvador González y el exsecretario de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, se encontraron varios documentos que indican las relaciones de negocios y que mantenían con los entonces mandatarios.

El juez también destacó las llamadas telefónicas en las cuales los integrantes de la red discuten sobre la destitución de Carlos Muñoz y el nombramiento de Omar Franco como titular de la SAT, a un mes de que esto sucediera.

«¿Quién elige a Franco?», preguntó Gálvez, e inmediatamente se respondió, «El presidente».

El juez indicó que debido a que el Presidente se negó a responder las preguntas del MP, su relación con los miembros de «La Línea» quedó sin esclarecer.

«Una conversación no es delito, pero si el contenido es en clave y da origen a una sospecha se debe investigar para esclarecer los hechos», dijo el juez, quien aclaró que durante esta etapa de la investigación, no se determina la culpabilidad del sospechoso, sino solamente si existen indicios que permitan iniciar una investigación en su contra.

A la hora de cierre de esta edición, el togado aún no había resuelto si Pérez Molina deberá permanecer en prisión preventiva durante el proceso en su contra.

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