La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a El Salvador que restablezca los derechos y garantías constitucionales que llevan un año suspendidos por la renovación consecutiva de un régimen de excepción que prohíbe la asociación de personas e impide a los detenidos conocer sus cargos y recibir la asistencia de un abogado.
El estado de excepción se declaró inicialmente el 27 de marzo de 2022 y se ha ido prorrogando mes a mes por un año, como estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele de aplicar una política de mano dura contra la inseguridad. La CIDH urge al Estado salvadoreño a respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para prevenir y combatir la criminalidad.
En paralelo, el Congreso salvadoreño aprobó, a pedido de Bukele, una nueva prórroga del régimen de excepción con los votos de 67 de los 84 diputados de la cámara. Siete diputados opositores se abstuvieron, seis votaron en contra y cuatro no asistieron a la sesión.
La Corte Interamericana advirtió que la Convención Americana autoriza la suspensión de ciertos derechos y libertades de forma excepcional «en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación». Y, aunque el artículo 27.1 de la CADH permite a los Estados recurrir a esa medida «en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte», los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas.
El Salvador | El parlamento avaló mantener suspendidos tres de los derechos constitucionales a la población.https://t.co/fbKmH478qK
— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) April 13, 2023
La CIDH recordó que El Salvador mantiene suspendidos el derecho de las personas detenidas a ser informadas de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, así como el derecho a no ser obligado a declarar y de contar con la asistencia de un abogado defensor en las diligencias de los organismos auxiliares de la administración e justicia y en los procesos judiciales.
El organismo cuestionó en un comunicado de prensa que en El Salvador se haya ampliado de 72 horas a 15 días el plazo máximo de detención y que se permita a las autoridades intervenir la correspondencia. Advirtió de las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones. La situación en el país centroamericano ha sido cuestionada y criticada por organizaciones de derechos humanos que señalan abusos.
Según cifras oficiales, más 67.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados en este tiempo, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero también más de 3.700 personas han sido liberadas debido a que nunca se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales.
La CIDH también expresó su preocupación respecto a las múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como sobre violaciones a los derechos de las personas detenidas. Instó además al Estado a asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal.
Entre las denuncias al régimen, está que al menos 100 personas detenidas durante el régimen de excepción murieron en custodia del Estado, presuntamente, de forma arbitraria, según los señalamientos. Pese a todo, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, resaltó el éxito en la disminución de los homicidios y reiteró que el régimen de excepción continuará hasta capturar al «ultimo pandillero». Defendió que «esta medida de seguridad ha contribuido a la transformación del país» y que «los homicidios se han reducido grandemente».
Agregó que «solo en este mes de abril llevamos una reducción de 50% de los homicidios comparado con el mismo mes del año pasado» e insistió en que «definitivamente era la ruta, era el camino que teníamos que seguir». Villatoro dedicó gran parte de su discurso para acusar a los organismos internacionales y a ONG de defender a criminales. Los llamó «perversos del mal» y criticó que «defienden los derechos humanos de criminales que atentan contra las sociedades y contra los Estados, eso es lo que son».
Envió también un mensaje de indiferencia ante las críticas recibidas. «Sepan que lo que ustedes digan y el dinero que sigan gastando para seguir promoviendo ataques, nos tiene si cuidado, nosotros nos debemos a los salvadoreños», afirmó. Y agregó: «Les molesta que el presidente Bukele les haya, no solo dado la espalda, también les subió el vidrio». La última prórroga del régimen de excepción aprobada por el Congreso unicameral entró en vigor el pasado 18 de marzo y finaliza el domingo 16 de abril. El Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción, un día después de que se registraran 62 homicidios en un solo día, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo.
