Sandra Xinico Batz
Nuevamente otra tragedia que demuestra que migrar no es un derecho sino una posibilidad muy real de perder la vida en un trayecto marcado por el racismo, el clasismo, la desigualdad, que no son solo la raíz que empuja a cientos de personas a dejar su país, sino que aun estando fuera de este la injusticia y el empobrecimiento serán una constante durante su tránsito por países como México, en los que se trata a las personas migrantes como criminales, que además de merecer ser castigadas, son tratadas como si fuesen una plaga.
39 migrantes murieron en un incendio el pasado lunes en un centro de detención en Ciudad Juárez, México, de los cuales en su mayoría eran guatemaltecos jóvenes. De los 28 heridos, sobrevivientes del incendio, 10 son también guatemaltecos. Por supuesto que la responsabilidad principal de esta tragedia recae en las autoridades migratorias de México, que, en lugar de proteger y velar por los derechos humanos de las personas migrantes, les dejaron morir calcinados, encerrados en una celda en condiciones deplorables.
Sin embargo, tampoco podemos olvidar que, no toda la responsabilidad alrededor de la migración pertenece solo al vecino país, pues Guatemala continúa sin proveer las condiciones necesarias y ni tan siquiera las básicas para tener una vida digna. Las personas huyen de este país colonial porque la vida cada día se vuelve más invivible, sea por la violencia, el encarecimiento, el desempleo o la pobreza, todas provocadas por problemas estructurales que hacen que la mayoría de la población no tenga acceso a vivienda, alimentación, educación y todos los otros derechos que cotidianamente son irrespetados.
Desafortunadamente no hay muchas esperanzas de que haya justicia en este caso, como tampoco ha habido en tragedias anteriores. Los casos no solo no son investigados, sino que la impunidad que les rodea denota el desprecio que existe hacia las y los migrantes que buscan llegar principalmente a Estados Unidos, un país que también tiene una gran responsabilidad en esta situación, por su papel histórico de invasión y despojo que han provocado en Centroamérica y el mundo.
Nadie migra para buscar su muerte, por el contrario, lo que se busca es una vida diferente. Es verdaderamente aberrante el hecho de que el gobierno se jacte del aumento de divisas, cuando esto proviene de las personas que han tenido que migrar en condición de “indocumentadas”, lo cual implica una categoría que les desprovee de todo derecho y que es legitimada por el Estado, que no ha tenido la voluntad de generar oportunidades que impidan que las personas tengan que abandonar el país.
Tampoco es el gobierno o las autoridades migratorias de Guatemala las que acompañan a las familias de las víctimas, quienes con sus propios y escasos medios buscan información sobre sus familiares y el retorno de sus cuerpos. El Procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, dice estar pensando aún si es “necesario” o no viajar a México, porque abiertamente sus prioridades están concentradas en perseguir a su antecesor, en lugar de hacer el trabajo que le corresponde.
