POR REDACCIÓN LA HORA*
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La primera decisión del presidente Alejandro Maldonado fue pedir a los altos funcionarios del gobierno que presentaran su renuncia, y prometió la conformación de un nuevo Gabinete luego de que el Congreso aceptara la renuncia del ahora exmandatario Otto Pérez Molina. Mientras los mensajes del nuevo mandatario estuvieron enfocados en la democracia y las reformas, el expresidente dijo que no pensó en que su mandato terminaría catastróficamente y cuestionó el papel del MP y CICIG.
En un breve discurso dirigido a las personas que desde abril se han manifestado en las calles para exigir la renuncia de Pérez Molina, Maldonado dijo que él esperaba construir un legado de honestidad y recuperar la fe en la democracia guatemalteca en los pocos meses que estará a cargo de la Presidencia.
«No pueden dar por finalizada su tarea. En lo que queda del año debe haber una respuesta positiva, abrir espacios para jóvenes, activistas y profesionales», dijo Maldonado. «Esta generación que se alzó con los símbolos de la paz no puede estancarse ni acomodarse. Que trasladen su vitalidad cívica al servicio público».
«Podemos recuperar nuestra democracia. El pueblo está movilizado por disgusto con esquemas descompuestos», agregó. «Impone que se hagan correcciones inmediatas de alto nivel moral».
Esta crisis política sin precedente en la historia reciente de Guatemala tuvo lugar en una agitada semana en la que Pérez Molina fue despojado de su inmunidad, abandonado por los principales miembros de su Gabinete, y en la que fue testigo de cómo su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, fue encarcelada para también ser juzgada.
En declaraciones a La Hora, tan solo horas antes de asumir la Presidencia, Maldonado Aguirre también dijo que como presidente buscará ser el centro de convocatoria para promover las reformas necesarias y urgentes que necesita el país.
“Pretendería como representante de la unidad nacional ser un centro de convocatoria para que se promuevan las reformas necesarias, con urgencia y con acierto, aprovecharía la posición de jefe de Estado y de gobierno para convocar a sectores importantes de la sociedad a que aporten lo necesario”, anotó.
Por otro lado, en una carta enviada a este vespertino hace una semana, dijo, aun ocupando el cargo de Vicepresidente, que los problemas por los que atraviesa Guatemala no son nuevos, sino que se han venido conjeturando durante varios años.
A decir de Maldonado Aguirre, la “precaria no es la democracia, habida cuenta que fuera del sustento popular no existe otro sistema de legitimación del poder”, razón, por la que, considera que “lo que está en mora es completar el compromiso de los agentes del poder y de las fuerzas sociales para activarla”.
LA CAÍDA DE PÉREZ MOLINA
Mientras Maldonado asumía el cargo, Pérez Molina, de 64 años, se encontraba en un tribunal el jueves haciendo frente a acusaciones por recibir sobornos, y por verse involucrado en una causa de corrupción en la que presuntamente un grupo de empresarios pagaban dinero para evitar el pago de aranceles de importación y agilizar trámites, según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).
El juez Miguel Ángel Gálvez le dictó prisión provisional a Pérez Molina para asegurar que se presentara hoy a la continuación de la audiencia que se le sigue por presuntamente formar parte de una red de defraudación aduanera.
Cuando salió del tribunal escoltado por policías, Pérez Molina reiteró su voluntad de enfrentar las audiencias y las investigaciones penales y civiles.
«Yo siempre dije que voy a respetar el debido proceso», afirmó. «No tengo la mínima intención de salir del país».
«Yo tuve herramientas, pude haber sacado a la CICIG, pude haber cambiado a la fiscal, me pude haber atrincherado y no lo hice», expresó en referencia al hecho de que pudo haber interrumpido la investigación y no lo hizo.
El exgobernante afirmó que las acusaciones en su contra tienen como base «dimes y diretes». Y al ser consultado si alguna vez pensó que su Presidencia terminaría así, respondió categóricamente: «¡Jamás!».
Durante la audiencia judicial, el fiscal José Antonio Morales hizo que se escucharan diversas de las escuchas legales en las que se basa la investigación adelantada por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de la ONU. En las grabaciones se escucha a dos supuestos funcionarios que supuestamente explicaban cómo funcionaba dicha organización criminal.
Pérez Molina renunció y decidió presentarse ante el tribunal luego de que el juez emitiera una orden de aprehensión para hacer frente a acusaciones de cohecho y fraude fiscal.
El exmandatario, que ha negado todas las acusaciones en su contra, vestía un traje azul, camisa a rayas y corbata roja. Durante la audiencia apenas realizó movimientos, y permaneció sentado mientras observaba a los fiscales y abogados de la Comisión que estaban sentados frente a él.
La audiencia inició con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción que provocaron la renuncia de Pérez Molina.
Poco antes, en una entrevista con una radio, arremetió en contra de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, organismos que han adelantado la investigación que provocó su renuncia, diciendo que sus miembros «buscan protagonismo» y «llenar sus egos».
Añadió también, que está llegando con desventaja a los tribunales». Frente al edificio del tribunal de justicia había gente con pitos y tambores que se manifestaban contra el exgobernante.
La fiscalía y la CICIG anunciaron en abril la desarticulación de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares, que presuntamente recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada La Línea por ser una especie de «alternativa» para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta.
Al menos cien personas están siendo investigadas por el caso de La Línea. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida, acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
