Víctor Ferrigno F.
A Manuel Colom Argueta, estadista visionario y demócrata irreductible.
“No quise proporcionar mayor información al Ministerio Público porque no me da ninguna confianza. Parte de la criminalización viene del Ministerio Público y del Organismo Judicial”, declaró el ex Juez Miguel Ángel Gálvez, el pasado 20 de marzo, durante la audiencia para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado guatemalteco.
Gálvez, quien renunció a su judicatura al no encontrar respaldo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró que no se investigaron las acusaciones de hostigamiento y amenazas por parte de integrantes de la Fundaterror, una organización de extrema derecha que defiende a acusados de corrupción y crímenes de guerra.
Con el apoyo del Ministerio Público, la Fundaterror ha impulsado acciones penales contra operadores de justicia que han participado en casos de corrupción o crímenes de lesa humanidad. El Departamento de Estado de Estados Unidos, impuso sanciones contra dos de sus directivos, Ricardo Méndez-Ruiz y Raúl Falla, por socavar la democracia en el país.
El 22 de marzo de 1979, hace 44 años, fue asesinado el ex alcalde capitalino, Manuel Colom Argueta, con la participación de efectivos policiales y militares. En un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos, enviado el 15 de marzo de 1980, se implica directamente al Comando VI de los asesinatos de dos líderes políticos, con la anuencia del ejército. En el párrafo final del documento desclasificado se lee: “El asesinato de Manuel Colom Argueta y de Alberto Fuentes Mohr fue también trabajo del Comando VI, ejecutado bajo la dirección del Gobierno”.
Otro informe de la Embajada de EE. UU., fechado el 29 de marzo de 1979, da cuenta que la Sección de Inteligencia del Ejército estaba al tanto del asesinato de Colom Argueta. Este documento, enviado a la Secretaría de Estado de Washington, relata cómo el coronel Ricardo Méndez-Ruiz (padre del director de Fundaterror), entonces jefe de seguridad del Aeropuerto La Aurora, alertó al vicepresidente Villagrán Kramer que iba a ser asesinado. “Méndez-Ruiz advirtió a Villagrán, semanas atrás, que él y Colom Argueta serían asesinados. Dijo que estas noticias (Méndez se negó a decir que ellos estuvieran directamente involucrados) les habían llegado a algunos oficiales de la G2”. En la operación encubierta, denominada «El Chacal», participaron 8 autos, 2 Motos, y un helicóptero asignado a la Policía Nacional, operativo “ejecutado bajo la dirección del Gobierno”, reportó la Embajada.
Este crimen de lesa humanidad, como los reportados en el “Diario Militar”, y las masacres ordenadas por Ríos Montt, que le costaron el exilio al ex Juez Gálvez por perseguirlos, motivaron el reclamo ciudadano de buscar una solución negociada a la guerra y a firmar los Acuerdos de Paz en 1996.
Mucho se avanzó en los Acuerdos operativos y en los políticos; muy poco en los económicos y agrarios, pero logramos enrumbar al país hacia un proceso de construcción de un Estado de derecho, que ahora ha sido frenado, pervertido e involucionado por el pacto de corruptos. De 2015 a la fecha, hemos involucionado 40 años en materia de institucionalidad.
Durante los dos últimos gobiernos, comenzando con la expulsión de la CICIG, se han consolidado peligrosas estructuras de corrupción, impunidad y persecución política, provocando una grave regresión democrática, que afectarán seriamente el próximo proceso electoral, y nos dejan como parias frente a la comunidad internacional, en una coyuntura internacional en la que se avecina una crisis financiera, energética y alimentaria, en la que Guatemala requerirá mucha ayuda.
El pasado 20 de marzo, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó su Informe sobre Derechos Humanos en Guatemala, postulando que “entre los problemas significativos de derechos humanos figuran informes creíbles sobre: condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detenciones y encarcelamientos arbitrarios; graves problemas de independencia del poder judicial; serias restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluidas amenazas de violencia contra periodistas y detenciones o procesamientos injustificados de periodistas; grave corrupción gubernamental; falta de investigación y rendición de cuentas por violencia de género; delitos de violencia o amenazas de violencia contra miembros de grupos indígenas; delitos de violencia o amenazas de violencia contra lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros, queer o intersexuales; delitos de violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad; y restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores, incluidas violencia y amenazas contra dirigentes sindicales”.
“La impunidad, incluida la de funcionarios de alto nivel, continúa siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos de la delincuencia organizada por garantizar la impunidad y el debilitamiento de las instituciones de lucha contra la corrupción y del poder judicial por parte de agentes políticos corruptos dificultaron la investigación y el procesamiento efectivos de los delitos, incluidos los de corrupción y abusos contra los derechos humanos, en los que estuvieran implicados funcionarios públicos”.
Frente a este cuadro dantesco, donde campea la cooptación del Estado por “las fuerzas oscuras”, el juez Miguel Ángel Gálvez sostiene que hay una especie de nueva era de oscuridad: “El terror vuelve a instalarse en Guatemala, se está instalando un terror muy fuerte”.
Es hora de que la ciudadanía se alce, levante su voz y vuelva a encender la hoguera de la democracia.
