Un hombre en Tennessee condenado a muerte y que fue forzado a servir como su propio abogado está pidiendo un nuevo juicio, denunciando que sus derechos constitucionales fueron violados.
Howard Willis fue sentenciado a muerte en 2010 por el homicidio de Adam Chrismer, de 17 años y Samantha Leming Chrismer, de 16, ambos de Chickamauga, Georgia y recién casados. La cabeza y manos del chico fueron hallados por pescadores en el Lago Boone en el noreste de Tennessee en octubre de 2012. Los cuerpos de ambos adolescentes fueron hallados pocos días después en un almacén rentado por la madre de Willis en Johnson City.
Willis pasó por nueve abogados hasta que el juez dijo que debía representarse a sí mismo, acusándole de provocar conflictos con sus defensores en un esfuerzo por evitar juicio. Los abogados actuales de Willis sostienen que esa caracterización es injusta.
Al representarse a sí mismo en el juicio, Willis afirmó que lo acusaron injustamente y que no hay evidencia que lo vincule al arma usada en los asesinatos. El jurado discrepó y lo sentenció a muerte.
En su pedido de un nuevo juicio, Willis asevera que el juicio original fue injusto porque fue forzado a ser su propio abogado y porque no se le dieron recursos suficientes para defenderse, entre otras denuncias.
Muchos de los abogados abandonaron el caso por razones que no tenían nada que ver con Willis, como conflictos de interés o la necesidad de atender a un familiar gravemente enfermo.
En cuanto a los demás abogados, Willis tenía quejas legítimas sobre su trabajo, dice la petición. Un abogado pasó solo nueve horas leyendo el material del caso entre el momento en que fue asignado en mayo de 2005 y su partida tres meses después.
“Aunque tener que reemplazar a un abogado causa inconvenientes, si hay quejas legítimas sobre el trabajo de ese abogado, un ciudadano debe tener el derecho de expresar esas inquietudes y de tener a un abogado adecuado, especialmente si enfrenta la posible pena de muerte”, dice la petición.
En su respuesta, los abogados del Estado dijeron que muchas de las quejas de Willis ya habían sido consideradas y desestimadas por otros tribunales.
“Los registros indican claramente que el solicitante abusó la dignidad del tribunal al tratar de manipular el tribunal a fin de demorar o perturbar el juicio”, dice la respuesta oficial. “Si el solicitante sufrió prejuicios … el Estado sostiene que eso fue resultado directo de su propia conducta deliberada”.
