Luis Alberto Padilla

Doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Paris (Sorbona). Profesor en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Es diplomático de carrera y ha sido embajador en Naciones Unidas (Ginebra y Viena), La Haya, Moscú y Santiago de Chile

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Por Luis Alberto Padilla

¿El proteccionismo es una forma de liberar la economía en un país como Guatemala? Obviamente – después de leer lo que Juan Alberto Fuentes nos relata en su libro –  tendríamos que concluir que sí. Porque, aunque el proteccionismo sea el anatema del neoliberalismo,  lo que se puede constatar es que la tan llevada y traída “apertura comercial”  (“liberalización”  en la jerga  neoliberal)  trajo más perjuicios que beneficios a la economía nacional. Quienes debieron haber sido protegidos por el Estado (los “magos” y la “infantería”) no lo fueron y, en cambio, desde el siglo XIX,  a lo largo de todo el siglo XX y en  lo que va del siglo presente,  como resultado de la estructura sociopolítica neocolonial que aún tenemos que soportar,   a quienes el Estado si  les ha dado  una protección – privilegios –  es a quienes menos los merecen: a los más ricos, a los   “gestores de poder” y a los “exportadores rentistas” quienes, para colmo de males,   no reinvierten sus cuantiosas ganancias en Guatemala (un 15% es el promedio de inversión de las últimas décadas)  –  pues dejan su dinero en el extranjero o en paraísos fiscales lo que justificaría impuestos especiales – y el escaso capital que si permanece en el país se utiliza para construir megaproyectos comerciales (los “shopping centers” y “malls”, patéticos enclaves de “capitalismo desarrollado” en medio de la pobreza)  en la construcción inmobiliaria, en los privatizados oligopolios de telecomunicaciones y electricidad  o en la banca,  pero no en la industria y menos en la   “destrucción creativa” de Schumpeter,    entre otras razones porque Guatemala carece de una ley de competencia.  Por supuesto, esos privilegios son resultado de los “tratos” que desde siempre el Estado se ha visto obligado a concertar con la oligarquía, de modo que, a lo largo de la historia guatemalteca, los gobiernos (y el Estado en consecuencia) han permanecido  “encadenados” al poder económico. Desencadenar al Estado y liberar a la economía de los tentáculos oligárquicos es pues indispensable para promover el desarrollo. Y para ello se requiere de un “nuevo trato” que –  es nuestra interpretación porque el libro no lo dice –  debería ser negociado entre algún futuro gobierno de gente honorable que se interese genuinamente por el futuro de nuestro país  –   de izquierda democrática o incluso liberales de derecha siempre que sean de convicciones democráticas –  y que  antepongan los intereses de la nación en su conjunto a los intereses sectoriales. Como señala acertadamente Hugo Beteta ex Ministro de Finanzas y actual Secretario Ejecutivo de CEPAL (México) en un comentario, el libro derrumba el mito que no hay alternativas a neoliberalismo pues plantea   “…horizontes de posibilidad para liberar la economía guatemalteca de su desempeño mediocre y de las cadenas de las falsas profecías… La historia sugiere que la principal causa de los diferenciales de productividad no es sólo la educación sino la falta de inversión y de innovación privadas y públicas (así como) una falta de capacitación empresarial”.

 

No obstante,  a nuestro juicio el tema de la productividad debería examinarse mejor simple y sencillamente porque no toda la economía nacional es capitalista, y por tanto, el comportamiento de un pequeño productor de alimentos del altiplano, que sobrevive por “arte de magia” o un buhonero de la economía informal urbana, miembro de la “infantería” no se debería analizar bajo la óptica de la productividad,  entre otras razones porque nunca estos actores económicos ganarán lo suficiente para acumular capital. Si la productividad de los trabajadores migrantes guatemaltecos en California es más alta no es solo un asunto de la organización técnica del trabajo, las inversiones o el salario por hora, (diez veces mayor al que se paga en Guatemala)  sino que se debe a que la estructura misma de la producción en cualquier  “microempresa” familiar agrícola o del pequeño comercio urbano no lo permiten. En eso consiste esa heterogeneidad estructural  de que habla Juan Alberto la cual podría denominarse también  pluralismo económico. Efectivamente, si este planeta en el que vivimos es múltiple y diverso es evidente que así como hay pluralidad de pueblos, grupos étnicos, culturas, conocimientos, sistemas jurídicos, especies biológicas animales y vegetales (biodiversidad) o ecosistemas naturales  es perfectamente lógico percatarse que lo  mismo ocurre en el terreno económico.  La economía es tan diversa y plural como lo son las sociedades, culturas y naciones que pueblan el planeta. Por razones históricas que han sido explicadas por  el mismo Marx  en su obra cumbre El Capital  y examinadas a profundidad recientemente por Thomas Piketty en sus dos obras magistrales  El Capitalismo en el  Siglo XXI  y Capital e Ideología  ese es el modo de producción predominante a escala mundial, pero – obviamente –  no por ello dejan de existir modos de producción no capitalistas que merecen igual atención y rigor para su estudio que la que se concede al capitalismo. Y por esas mismas razones incrementar la productividad no debería ser la principal preocupación del Estado ya que expresa una lógica lineal desarrollista que no es algo  que sea preocupación central para los pequeños productores campesinos o para los pequeños comerciantes urbanos sean “magos” o “infantería”.   Siendo otras sus prioridades el Estado debería dar apoyos como precios de garantía, asistencia  técnica y crediticia, facilitar las exportaciones o dar incentivos fiscales en función de la importancia de la soberanía alimentaria y del aporte que hacen generando empleo.

 

Por otra parte, la economía familiar campesina, esa agricultura “pre-moderna”  que produce los alimentos indispensables para la vida (algo que explica los cultivos de maíz y frijol en algunos terrenos en donde también se siembra arveja china o  brócoli para la exportación) y que provee de millón y medio de puestos fijos de trabajo como se señala en el texto,   poseen una lógica circular no -lineal cíclica–  que en estos tiempos de calentamiento global y crisis climática es la única forma de hacer que los ecosistemas naturales sean compatibles  con la agricultura en pequeña escala.   Tanto el marxismo como el neoliberalismo, hay que decirlo, se equivocan al considerar que la solución para los problemas sociales (la pobreza, la desigualdad) consiste en esa visión linear vinculada al  “desarrollo” y al “crecimiento” entre otras razones porque los males inherentes al  desarrollo económico (el consumismo, la creación “mercadotécnica” de necesidades artificiales en la población, la “cultura del descarte” como la llama el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’) no solo perjudican gravemente al entorno ecológico (entre otras catástrofes provocadas por la contaminación de desechos industriales y la falta de plantas de tratamiento de agua municipales, tenemos la grosera contaminación del río Motagua,  del lago de Amatitlán o del lago de Izabal, víctima de la minera rusa) sino porque tampoco conducen al Buen Vivir (utzilaj k’aslemal) de la cosmovisión maya, que consiste, esencialmente, en la idea que la felicidad depende – además de las condiciones materiales de vida, es decir de la  satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales garantizados por la Constitución de la República  y por los tratados internacionales de derechos humanos – de las buenas relaciones que una persona mantiene con su comunidad, territorio y entorno medioambiental, pero no del enriquecimiento personal.

 

En consecuencia, ser feliz  o  Buen Vivir  no depende de hacer dinero o  de acumular capital, depende de la satisfacción de necesidades humanas que van más allá de lo que todos necesitamos para subsistencia (alimentos, techo, trabajo) o protección (seguridad, estado de derecho, democracia, libertad) porque tales necesidades se ubican en el terreno del afecto y la vida amorosa, la amistad, la familia, la participación en la vida comunitaria, la identidad cultural e incluso el deporte y el disfrute del ocio o tiempo libre, en el marco del  respeto a los derechos de la Madre Tierra  equivalente de la Pachamama de los pueblos andinos o de la Gaia de Lovelock y de la ciencia (el planeta Tierra).  En la comprensión de todo esto los pueblos originarios siempre han tenido una mayor sabiduría que la población mestiza especialmente en los países que fueron colonizados por los europeos, aunque esta miopía afecte igualmente al norte global.   Por consiguiente, lo mínimo que una visión no linear  del desarrollo permitiría esperar – posiblemente en  el marco de un capitalismo keynesiano que se proponga la regulación de los mercados –  es una visión de desarrollo sostenible acorde con los compromisos asumidos  por todos los gobiernos –  incluyendo al guatemalteco –  en el marco de los 17 ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esto implica que más que en la productividad  habría que insistir en la sostenibilidad de las políticas públicas en ese futuro no del todo claro, todavía bastante nebuloso, que Juan Alberto vislumbra en su libro.

 

A lo anterior habría que agregar que, como es ampliamente aceptado hoy en día,  tampoco se puede crecer indefinidamente en un planeta finito y por ende la sostenibilidad alude justamente a la importancia de ese “crecimiento sostenible” y del “trabajo decente”  del ODS 8. El crecimiento tiene como límites –  para poner ejemplos concretos –   las fronteras planetarias en materia de gases efecto invernaderos (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono) gases que provienen  principalmente de la quema, para generar energía,  de combustibles fósiles  no renovables como el petróleo, el gas y el carbón o el metano, cuyo aumento se debe al derretimiento del permafrost en las tundras del hemisferio boreal así como al incremento del  estiércol del ganado en tierras que se dedican a la ganadería (por el aumento de la población y del consumo de carne) expandiendo la frontera agrícola en la Amazonía y otras regiones tropicales, incluyendo la descomunal  deforestación que afecta a todo el planeta, los incendios forestales, la acidificación  y contaminación con plásticos y microplásticos de los océanos  y un largo etcétera.  De manera que mientras las energías renovables (eólica, solar, térmica, hidráulica, o incluso la nuclear por fusión) no substituyan a las no renovables y mientras la adicción  al  consumismo (la cultura del descarte)  no se eliminen del comportamiento colectivo  la humanidad estará en peligro de extinción debido a la sobrecarga a la que el capitalismo neoliberal está sometiendo al planeta entero, una de cuyas expresiones es la crisis climática.

 

Como señala Juan Alberto en el texto la  heterogeneidad estructural de la economía requiere políticas de “atención cuidadosa a dicha heterogeneidad” (p.347) y una mayor inversión pública en educación o salud. O sea en los derechos económicos  y sociales de la población. Es claro que la heterogeneidad estructural no solo es sectorial (como las finanzas, las telecomunicaciones o la construcción) ya que  el pluralismo económico implica también  diferencias en la estructura productiva misma, en los “modos de producción”. Tanto la economía familiar campesina como la “informal”, en donde vive y trabaja la “infantería” , aunque se inserten en el mercado no buscan acumular capital como propósito central de su actividad económica. Esto es a lo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro llama  economía popular. Entonces es indispensable un nuevo enfoque del sector público,  no  basado en criterios capitalistas,   a fin de que las políticas públicas  apoyen a la economía popular. Y, por otra parte, aunque es evidente  que Guatemala requiere de  una industrialización basada en empresas innovadoras con  “fuerte contenido tecnológico”, como dice el autor,   y que para ello cualquier gobierno futuro deberá invertir  en investigación,  habría  que agregar el calificativo esencial de   sostenibilidad en el mediano y largo plazo.  En otras palabras siendo la compatibilidad con los ecosistemas naturales lo fundamental para evaluar si el  desarrollo se  sostiene en el tiempo sin continuar dañando a la naturaleza,  lo más importante  es el carácter circular de la producción y  la forma como se reciclan los residuos industriales y desechos de todo tipo en el plano material a fin de disminuir las emisiones de efecto invernadero, mientras que en el plano social lo es la satisfacción de las necesidades humanas entendidas en forma holística (subsistencia, protección, seguridad, afecto, tiempo libre, participación, identidad, etc.) .  En consecuencia, no es el crecimiento del PIB el criterio básico para evaluar el desarrollo sostenible.  Para evaluar la sostenibilidad económica necesitamos desechar el neoliberalismo y sustituirlo por una concepción no lineal basada en el bienestar humano así como en el respeto y protección  de los ecosistemas naturales.  Es la sobrevivencia de nuestra  especie lo que está en juego a escala planetaria.

 

Finalmente, en su libro Juan Alberto también se refiere a lo que él llama “el modesto aporte de la inversión extranjera” y menciona las inversiones coreanas en maquila, las financieras de  la banca colombiana, las comerciales (Walmart) y en telecomunicaciones (la empresa sueca Millicom que compró Tigo) y por supuesto, el extractivismo minero y en hidrocarburos, que  a nuestro juicio es realmente perjudicial para el país. No solo afectan gravemente a las comunidades contaminando el agua y apropiándose de sus territorios sino que las regalías que pagan al Estado  son ridículamente bajas, una miseria. El poco empleo que generan no compensa los enormes daños causados al medio ambiente y a la población con su actividad extractiva. Somos de la opinión que si el Estado es desencadenado en algún futuro –  que ojalá sea próximo –  liberando a la  economía de los perniciosos “tratos” con la oligarquía y logrando  establecer  nuevos arreglos económicos con “magos” e “infantería”,   lo mejor sería una moratoria de nuevas concesiones  y  el aumento de regalías e impuestos a las ya vigentes. Y que las comunidades se vean directamente beneficiadas por la actividad extractiva.

 

 

 

 

 

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