Luis Fernández Molina
Son varios los sectores que no estarán de acuerdo con la nueva tecnología de control telemático. Van a perder 2 o 3 mil clientes. Para empezar, aquellos que designan los espacios a donde van a enviar a los de “nuevo ingreso”. Es que este turbio mercado empieza a funcionar desde el comité de recepción: 25,000 quetzales para esta sección, 50,000 por aquella otra y hasta 100,000 la vip. Luego estarán los cobros de “la talacha,” unos 20 quetzales por recluso. Están también los que reciben coima por “permitir” el ingreso de artículos de curso legal (comida, pasteles, cartas, agradable compañía, etc.) hasta productos ilegales (licor, drogas, celulares). Claro está, es importante el cobro que hacen los cabecillas para garantizar la “seguridad personal”. Después no diga. Por su parte saldrán afectados algunos abogados que exageran sus honorarios explotando el temor de ingresar a uno de esos oscuros centros, por no mencionar alguno que otro juez venal que se preste a juegos respecto del envío o no a reclusión o a cuál de ellas. Ya podrán dichos abogados presentar sus argumentos en un clima más distendido y menos amenazante. Tampoco les parecerá a los policías mordelones que amenazan con una detención.
Pero hay muchos otros, y son la gran mayoría los que verán con beneplácito al control telemático. Para empezar las propias autoridades presidiarias que reducirán sus presupuestos y su hacinamiento. Supongamos que, entre alimentación, seguridad y otros gastos, cada interno cueste Q100 diarios, por 2,000 será un ahorro de Q200,000 al día, 6 millones de quetzales al mes. Más de 70 millones al año. A ese gasto de mantenimiento se suma el ahorro de los traslados de reos (o de los equipos para comunicaciones vía electrónica). Tendrán también mejor control con una población reducida y así cumplir con las funciones que le atribuyen las leyes. También bajará la fuerte presión que sufren los jueces, en especial los de turno. Podrán los juzgadores honestos y con principios humanistas decidir sin mayores presiones el envío o no a prisión preventiva.
Acaso el mayor beneficio será de los involucrados directamente que, mientras se resuelve su situación jurídica, en vez de estar retenido, rumiando frustración y enojos, van a estar normalmente realizando sus actividades sujetos, eso sí, a la circunscripción geográfica que determina la resolución que beneficie con el brazalete. Son ciudadanos que, en su mayoría, son productivos a quienes se permitirá su actividad ordinaria y así suma la economía del país. Claro, conforme el artículo 264 del Código Penal este beneficio no aplica en crímenes mayores para los que sí permanece la prisión preventiva.
Pero más allá de los anteriores sectores beneficiados, quien va a ganar en realidad, va a ser la sociedad guatemalteca que se sentirá respaldada por un sistema humanizado, tecnológico. Una sociedad que vive estresada por el tráfico, agobiados por la situación económica, amenazados por la violencia, inquietos por el futuro político, etc.
Desconozco detalles de la adjudicación pero llama la atención que en 2021 se iba a cerrar con una oferta de 244 millones; al año siguiente la oferta era de 214 millones (ambas con 3,000 brazaletes).
Actualmente informan los medios de la construcción de una nueva cárcel en Masagua, Escuintla. Espero que se tomen en cuenta aspectos técnicos y que el proceso sea transparente.
Pero ¡atención! hay algo más. La prisión preventiva (y el brazalete en su defecto) son medidas intermedias. Se ha abusado de la prisión preventiva contra todos: tirios y troyanos, chairos y fachos, pro CICIG y anti CICIG. Ha habido muchos casos de injusticia. Por eso van a ayudar los brazaletes pero todavía queda camino por recorrer. Cabe felicitar al Ministerio de Gobernación por esta decisión.
