Confiar en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dándole el beneficio de la duda, es como dar crédito a las ejecutorias de Rafael Curruchiche en su afán de encarcelar a los críticos como forma de castigo para agradar a los integrantes del pacto de corruptos según sus malévolos planes de venganza. Nada más inocente de ello porque la mala fe está a la vista.
Es el caso, por ejemplo, del rechazo arbitrario para no inscribir las candidaturas de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP). Dicha perversidad contrasta con la benevolencia que asiente la participación de varios actores reconocidos y confesos del mundo del tráfico de drogas y negocios oscuros en el país.
El sesgo no debería sorprendernos porque desde antes, en el mes de agosto, el TSE decidió amonestar a la misma Thelma Caballeros por supuesta campaña anticipada. Así, mientras varios políticos inauguraban obras y pintaban los postes de los municipios, esa institución se hizo de la vista gorda para descalificar desde la salida a la líder indígena.
El TSE que es, según se puede ver, tapadera del actual gobierno y de las mafias (que virtualmente son lo mismo), también ha sido complaciente con Zury Ríos contraviniendo las leyes que le han impedido su participación en las elecciones en innumerables ocasiones. Lo que deja entrever que la idea es la continuidad del gobierno de las mafias que trabajan presurosos para garantizar su impunidad.
A lo anterior hay que sumarle la sospecha de unas elecciones amañadas en virtud de un equipo de cómputo nunca suficientemente justificado. Como se recordará, ya en el mes de septiembre del año recién pasado, trece organizaciones sociales denunciaron una serie de supuestas anomalías en el proceso de adjudicación y adquisición de equipo informático que el TSE buscaba utilizar en las elecciones del 2023.
Incluso Raquel Zelaya, presidenta de Asies, se mostró suspicaz de esa falta de transparencia. En esa ocasión dijo que el Tribunal debía ser “más abierto en materia de información”. Lo que no sucedió porque para entonces tanto los magistrados Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Blanca Alfaro no contestaron los requerimientos de la prensa independiente.
El gasto de Q45 mil por la composición, musicalización y arreglos de un himno para el TSE (para “exaltar” su carácter), expresa también la baja catadura de ese organismo de Estado. Todo lo cual no augura buenas noticias en materia electoral a causa de la deficiente moral de sus responsables.
Son esos frutos maltrechos los que hacen dudar de unas elecciones limpias. Y cuando más cerca estamos de ese acontecimiento, más claro se les ve el plumero a unos magistrados politizados y con poca vergüenza. Tal parece que serán los artífices, los infelices garantes de un país que se hunde más a causa del consorcio entre políticos, empresarios y traficantes de drogas.
