Dra. Ana Cristina Morales

La integridad y la honestidad son valores que necesitan ser enseñados a la sociedad desde la niñez. De tal manera que los mismos se incorporen a la cultura y la cotidianidad de cada uno de sus integrantes. Sin la existencia de estos valores se puede presumir que ella sufrirá menoscabo que no le permitirá avanzar para progresar y lograr desarrollo.

El término de integridad se refiere a la unión de características y congruencia entre la manera que las personas piensan, sienten y actúan. Es decir, el comportamiento de una persona no va a ser distinto dependiendo de las circunstancias. El aprendizaje de la integridad se produce de manera usual con el ejemplo que reciben los niños, es en especial un aprendizaje de modelamiento social.

Tanto la integridad como la honestidad son valores que ayudan a las personas a un buen dormir. Las personas de buena conciencia no tienen mayores dificultades en conciliar y mantener su sueño. El honesto es honrado, y no solamente porque no robe -Mario Benedetti- con honor, autenticidad, sinceridad, integridad, transparencia y valentía. Se respeta a sí mismo y a las demás personas. Cree en el bien común y tiene prácticas consistentes para involucrarse en su realización.

Las personas íntegras y honestas pueda ser que estén sufriendo su extinción. Ante todo, cuando se han vistos forzadas a convivir en un medio propicio para la corrupción y que reverencia los antivalores y los adjudica como una conducta de gente inteligente y no pendeja. Además, ser una persona con estos valores dentro de un medio de cultivo para la sociopatía. Les puede causar problemas, ya que surgen provocaciones y amenazas para integridad física, emocional, familiar, laboral y económica, por lo tanto, a veces, el valor necesario para que una persona se asuma como ella, puede llegar a ser castigado con el ostracismo social y configurar formas de suicidio.

Quienes se apuntan como valientes y ejercen liderazgo de manera íntegra y honesta, en una sociedad en donde imperan los antivalores como manifestaciones frecuentes de la cotidianidad de sus miembros. Están encaminados al rechazo, a presiones externas de personas que sienten que sus intereses personales, sociales, económicos o de poder se encuentran amenazados por “la conducta extraña” de “una persona bonachona, cuasi pendeja” que no ha aprendido a ver como son las cosas en la vida.

De manera poco afortunada la mayoría de personas que luchan por un lugar en la política y mantenerse dentro del mismo. Sufren el señalamiento en estudios realizados sobre el tema. De que ellas gozan de rasgos característicos de conducta sociopática. Por lo cual, salir del trance de la conducta corrupta de los gobernantes se hace casi imposible. Debido a que los intereses de las personas con estos rasgos, van encaminados tan solo al bienestar personal y no al bien común.

No cabe duda de que en Guatemala se necesitan muchos cambios en la legislación que coadyuven a limitar las conductas tramposas de algunos gobernantes y a proteger a los no alineados al sistema de corrupción. Pero también se hace imperativo establecer condiciones protegidas, con lineamientos claros, para que supervisores psicosociales y profesionales de la salud mental puedan participar en procesos conjuntos que ayuden al fortalecimiento de las instituciones del Estado a la evaluación y supervisión constante del trabajo realizado por sus funcionarios. Facilitando lugares de reflexión para su propio quehacer laboral, que permitan así mismo, prevenir problemas y encontrar soluciones. Fortalecer la salud mental de los trabajadores del Estado y encontrar la posibilidad de la democratización de esta hasta ahora jerarquía lineal de poder. Ayudando a la toma de conciencia de que el mundo necesita cambios, que ayuden a que no se apague, y que cada ser humano, tiene el deber de velar por una existencia más justa, con un aprendizaje constructivo a favor de la naturaleza y de la humanidad.

Por lo anterior, sugiero que dentro de las instituciones del Estado se instituyan procesos de supervisión psicosocial y la intervención de los profesionales de la salud mental cuando se considere necesario.

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