La muerte de varios perros en la ciudad de Quetzaltenango generó una muy justificada indignación ciudadana que sacó a los pobladores de sus casas para ir a manifestar airadamente por un crimen deleznable que ha sido condenado por toda la opinión pública, actitud que debemos aplaudir porque constituye una muestra de nuestra capacidad para rechazar acciones abusivas y arbitrarias. Sin embargo, hay que hacer notar que, casi al mismo tiempo, nuestro sistema de justicia se pinta de cuerpo entero con el burdo y evidente retardo malicioso en el proceso por las muertes de Hogar Seguro y nosotros, los ciudadanos, ni nos inmutamos, mucho menos indignarnos.
Estamos hablando de la muerte de 41 adolescentes que perdieron la vida encerradas en un supuesto refugio para menores de edad a cargo del Estado, situación que si llegó a crear conmoción, pero que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo gracias, precisamente, a esa acumulación de maniobras para retardar el proceso a fin de evitar que se llegue a dictar sentencia contra quienes eran responsables de esas jóvenes. Si la muerte de cuatro perros nos duele tanto como para salir a la calle y hasta generar campañas en contra de los responsables de su envenenamiento, sentimos como una paradoja que el turbio manoseo legal del caso de esas 41 muertes nos deje como si nada.
La participación ciudadana es fundamental cuando la clase política se ha prostituido al nivel que todos conocemos. Cruzarnos de brazos ante lo que ocurre termina siendo suicida porque, sépase bien, tarde o temprano la ola de la impunidad hará que todos estemos expuestos a tremendos riesgos porque los criminales saben que no hay consecuencias por sus actos. El restablecimiento del Estado de Derecho y la conformación de un sistema de justicia decente es lo menos que debiera movernos como ciudadanos para reclamar y exigir, a quienes se dedican única y exclusivamente al saqueo del erario, que cesen en la destrucción del país.
No debemos renunciar a la capacidad de indignarnos y ahora, tras el persistente retraso en el proceso por la muerte de las 41 adolescentes, fuera de una genial caricatura de Fo, el silencio de la opinión pública se convierte en aliciente para que defensores y juzgadores sigan haciendo de las suyas para retrasar el proceso. El Estado tenía la custodia de ellas y los funcionarios encargados de ejercerla no pueden seguirse beneficiando de maniobras leguleyas que persiguen mantener en un limbo el crimen cometido el 8 de marzo de 2017, es decir, hace ya casi seis años.
