Jorge Mario Andrino Grotewold.
@jmag2010
Los acontecimientos recientes del país han llegado a un máximo de tolerancia por la población guatemalteca, que ahora de propia voz de la CICIG y el Ministerio Público, han identificado formalmente a los dos máximos representantes de la unidad del país, la ex vicepresidenta de la república y al propio mandatario Otto Pérez Molina, como los grandes saqueadores del erario nacional, mediante acciones de corrupción, asociación ilícita y defraudación aduanera.
En las investigaciones presentadas desde el mes de abril de este año, cuando se conoció por primera vez la corrupción en las aduanas y la SAT, no había existido una prueba directa ni acusación formal de la CICIG o el MP hacia estas dos personas, aunque mediante indicios de enriquecimiento ilícito o el nombramiento de quienes ahora están sujetos a proceso penal por corrupción, se podía determinar su involucramiento, más aun cuando Roxana Baldetti decide renunciar y salir del escenario público, así como otros funcionarios cercanos al Presidente. Los rumores, las indirectas, los testimonios, las llamadas y los cheques, ahora se muestran en una investigación formal de la CICIG que se espera tenga también consecuencia en los tribunales de justicia.
Pero el involucramiento del Presidente significa un nuevo proceso de antejuicio, y con ello una nueva acusación penal en su contra, que atendiendo a la seriedad de las instituciones acusadoras y al clamor popular en contra de la corrupción, obliga al mandatario a tomar una decisión sabia, correcta y digna al cargo que ostenta, es decir su renuncia. Hacer algo distinto, significaría enfrentar un proceso que seguramente le llevará a prisión, estando en el cargo público. Guatemala no merece eso, y seguramente la población tampoco, pero empeñarse en quedarse aferrado a un puesto le ha quitado el poco estigma de dignidad que tenía y que le precedía de una carrera militar.
En su mensaje de confrontación, ataca a quienes le habían apoyado previamente, desde el sector privado organizado, que ahora sí pide su renuncia, hasta los representantes diplomáticos acreditados en el país, aunque específicamente debió referirse a Estados Unidos, quien ha estado apoyando las acciones de la CICIG y de la ciudadanía que se manifiesta contra la corrupción.
Además de ello, una serie de renuncias masivas de sus Ministros, Viceministros y Comisionados Presidenciales, le hacen ver que está más sólo que nunca y que los caminos que está optando, quizá de confrontar a los distintos sectores sociales, le podrían llegar a un costo político muy alto, pues traería un estallido social serio, donde presumiblemente tendría que participar el ejército y la fuerza policial, esperando sea a favor de la población y no de un presidente corrupto.
Quienes le apoyen, no será para defender la supuesta “institucionalidad”, sino por miedo o complicidad en toda la corrupción de su gobierno. No renunciar de por sí, ya atenta contra esa institucionalidad que dice querer proteger. Este concepto lo deben tener claro Diputados y Magistrados, porque la CICIG le puede cobrar la factura a ellos también.
Internamente y externamente todo termina ya para este mal gobierno, y no reconocerlo y atrincherarse en la Presidencia solo le aumenta la presión a un funcionario ya muy mal visto y que ahora además, se le reclama poca valentía y poco tino político para afrontar la crisis.
