La legislación contempla la colaboración eficaz como una situación en la que alguien, involucrado en algún hecho delictivo, puede aportar datos e información sobre cómo ocurrieron los hechos objeto de alguna investigación y la misma ha demostrado ser elemento importante en el esclarecimiento de casos complicados. Eliminar una colaboración eficaz de un proceso, como en el caso Odebrecht, es algo delicado porque se elimina toda la información proporcionada por quienes fueron, de alguna manera, cómplices de alguna operación delictiva y, por supuesto, deja libres de responsabilidad a quienes fueron delatados.
El simple hecho de eliminar la colaboración eficaz es sumamente complicado, pero si además se enderezan acciones penales en contra de quienes hicieron posible ese tipo de información recabada mediante una figura legalmente establecida, estamos ante una situación no solo sin precedentes sino además muy preocupante. Como hemos dicho ya varias veces, sin el concurso de los que colaboraron dando información sobre la manera en que se hizo el negocio, simplemente nos quedamos con lo que uno de los sindicados llamó en su momento un “papelito shuco” porque no existe suficiente prueba como para continuar con las diligencias judiciales.
Todo dependía de lo que personas involucradas en la delictiva operación decidieron informar a cambio de un trato legal. Ahora, como están las cosas, no hay materia para siquiera hablar del caso Odebrecht porque todo fue borrado de tajo a fin de favorecer a los principales implicados de la operación en Guatemala y eso es algo que debemos entender perfectamente.
Los colaboradores eficaces fueron quienes informaron de cómo se realizó la operación, el pago de sobornos y el tipo de delito en que se incurrió. Sin embargo, toda esa información, avalada en su momento por un tribunal y por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque era perfectamente legal, queda sin efecto como consecuencia de la iniciativa del Ministerio Público para dejarla sin efecto. Los dos principales procesados por el caso están ya libres de toda responsabilidad y no habrá forma de vincularlos a algún proceso por ese delito porque, sencillamente, el MP se encargó de eliminar la prueba madre, la evidencia fundamental en su contra.
En tal contexto es inútil que exista esa figura legal en nuestro ordenamiento jurídico, porque si la misma puede ser objeto de tan caprichosos procedimientos, tonto será quien esté dispuesto a convertirse en colaborador eficaz, sabiendo que lo que diga será desestimado por instituciones supuestamente jurídicas que debieran promover la justicia.
