No se puede negar la consistencia del Ministerio Público para ir presentando sus casos porque prácticamente todos son en una sola dirección y apuntan a todos los que tuvieron alguna participación en aquello que se conoció como la lucha contra la Corrupción. Ayer nuevamente anunciaron nuevas investigaciones (y hasta órdenes de captura contra algunos de los que ya tienen una larga lista de ellas), agregando a otros como el presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteca Americana, el ex Comisionado de la CICIG Iván Velásquez y a exfuncionarios tanto del MP como de la misma Comisión Internacional Contra la Impunidad.
El caso vuelve a ser Odebrecht, mismo que prácticamente quedó en nada porque al dejar sin efecto las colaboraciones eficaces que permitieron la formación de causa contra funcionarios guatemaltecos, no hay absolutamente ya nada que perseguir, ya que los funcionarios de la empresa brasileña que habían soltado la sopa no van a venir a declarar en nuevas citaciones que se les hagan. Y el resultado es que todo queda, literalmente hablando, en papelitos shucos que no permitirán el procesamiento de quienes recibieron sobornos de esa corrupta empresa que prostituyó a muchos países.
Van las investigaciones en una sola dirección porque nada de lo que pueda oler a corrupción desde el gobierno de Jimmy Morales para nuestros días, amerita que se tome ninguna carta en el asunto, pero casos como el de Virginia Laparra, quien hizo lo mismo que Cinthya Monterroso con Aifán, y otros funcionarios que fueron parte de la anterior FECI o CICIG, sí que están en el ojo del huracán.
Somos fervientes en la defensa del Estado de Derecho que garantiza la aplicación de la justicia, pero el mismo depende de la probidad, objetividad y capacidad profesional tanto de investigadores como de jueces y magistrados. Lamentablemente, el daño al régimen de legalidad es tremendo y cada día se nota más el efecto que la promoción de la impunidad tiene no solo en el tema de la corrupción, que se vuelve mucho más intensa, sino también en otros campos como el mismo de la seguridad ciudadana porque los maleantes, tanto los que usan armas para despojar a otros de sus bienes como quienes recurren a argucias legales, pueden operar tranquilamente.
Si alguien incurrió en delito tiene que ser sometido a un juicio, sin duda alguna, pero la fabricación de casos con evidentes intenciones de venganza y, peor aún, para beneficiar a poderosos sindicados que batallan por salir de la cárcel, no tiene nada que ver con esa sana aspiración a la justicia pronta y cumplida que tanto anhelamos todos.
