Jorge Mario Andrino Grotewold.
El salario mínimo es la expresión utilizada bajo parámetros económicos vinculados a la fuerza laboral, en la que se hace un balance entre lo menos que un empleador debiera pagar a su trabajador, con el propósito de satisfacerle sus necesidades básicas. El impulso del salario mínimo orienta sus antecedentes a definir parámetros de suficiencia básica, entendiendo que es solamente un punto de partida y que a partir de esa medición, el trabajador puede recibir mayores beneficios por su jornada laboral, atendiendo a que ésta es fructífera para el crecimiento de su empleador y por ende genera réditos financieros. De lo contrario, su capacidad de proveer beneficio será puesta en duda y por ende, terminada su relación laboral.
El elemento de la dignidad se suma como una lógica implícita a la consideración de un salario, y más aún del mínimo, pues representa esa prosperidad que el empleador persigue, y que comparte con sus trabajadores al momento de liquidar sus productos. Esa dignidad, esperada, ansiada y consagrada, no sólo genera riqueza para quien la produce, sino también para una fuerza detrás de esa generación.
Sin embargo, ante la ausencia de políticas económicas y laborales en materia de oportunidades, se ha generado una discusión e inclusive una propuesta que redunda en desesperación por parte del sector trabajador, en admitir consideración de trabajo con estándares mínimos a los que la ley permite (determinación del salario mínimo), y clasificarlo como un salario mínimo “real”, encausado a determinadas áreas geográficas, lo que impide a toda luz una clasificación como “digna”, al ser insuficiente para el sostenimiento de una familia, previendo que no se viva, sino solamente se sobreviva de dicha forma; y que además, ha sido ya criticado no sólo por organizaciones sindicales de trabajadores, sino también por entes internacionales protectores de derechos humanos, en este caso, laborales.
Esta ausencia de oportunidades de empleo, similares a las que causa la migración a otros países, especialmente aquellos que tienen posibilidades de desarrollo laboral e integral, pretende crear expectativa a los trabajadores al ofrecérseles una compensación dineraria menor al que necesitan, tomando en cuenta factores de los calculados como la inflación o el monto de la canasta básica, y cuya resolución solamente promoverá mayor enriquecimientos al capital productor, y otros negativos factores para los trabajadores, desde endeudamiento, hasta más migración y con ello la desintegración familiar, por mencionar algunos. Increíble es pensar, que nuestras autoridades de los Ministerios de Estado, como Economía y Trabajo, no tengan un planteamiento más humano que “aceptar” que a los trabajadores se les pague menos por su trabajo. “es mejor que no tener trabajo” mencionan algunos, como que esa fuera la solución mágica a una vida plena y un empleo digno.
¿Y la propuesta de “K’atún” que menciona riqueza para todas y todos, presentada recientemente por la SEGEPLAN, tendrá congruencia con esta idea?
Guatemala necesita líderes, desde la óptica política, empresarial y laboral, que logren con fines comunes definir políticas de desarrollo; desarrollo con valor humano; desarrollo con ambición económica, pero con ética en su desempeño; desarrollo individual y de nación. Ojalá esos líderes surjan pronto, porque hoy más que nunca son altamente necesarios.