Unos de los principios centrales del “Consenso de Washington” en los 90´s eran: i) la disciplina fiscal para evitar los déficits fiscales, ii) la redirección de gasto estatal en subsidios hacia actividades o servicios públicos que generaran crecimiento económico y que ayudaran a los más desfavorecidos, tales como la salud, educación y la infraestructura estatal, iii) la privatización de las empresas estatales porque se consideraban ineficientes, para ceder sus operaciones a contratación de empresas privadas que funcionarían en el libre mercado y iv) la desregulación de actividades para eliminar barreras a la competencia y libre mercado. En teoría si los países en vías de desarrollo seguían estos lineamientos iban a crecer en forma acelerada hacia su desarrollo.
La realidad fue otra. Los críticos de la implementación de los principios del Consenso de Washington señalan que en realidad se aplicaron los principios de forma distinta a la planteada en la cual se hizo énfasis en la reducción de las áreas en las que el Estado tenía injerencia vía regulación o actividad directa. Los críticos indican que se produjo un “hollowing out” o “vaciamiento” de las instituciones estatales, particularmente en recurso humano, por despidos en el sector público a medida se privatizaban empresas estatales o bien se reorganizaban los organismos ejecutivos para ser “reguladores” en lugar de “prestadores de servicios”. Ese proceso de “vaciamiento” dio lugar a que se perdieran capacidades estatales en muchos estratos del gobierno de los países, para citar algunos ejemplos en Guatemala, en el sector salud, en el sector agrícola al eliminar el extensionismo en favor de programas de provisión de fertilizantes, y en un área de interés común para todos los guatemaltecos, de construcción de obra pública, y en particular, la infraestructura vial.
Sin embargo, no sólo se dio el vaciamiento institucional y pérdidas de capacidades estatales que a la fecha aqueja a muchas áreas de nuestro sector público, sino además, se dio un fenómeno perverso en el que los antiguos funcionarios o mandos medios de las instituciones técnicas ahora son clientes del “nuevo sector regulado” y algunos lo controlan y manipulan. Así, por ejemplo, a mediados de los 90´s con la llegada del gobierno del PAN de Alvaro Arzú se modificó el modelo de construcción de obra vial de un sistema en el que el Ministerio de Comunicaciones, a través de CAMINOS, planificaba, diseñaba y construía directamente con sus ingenieros y su maquinaria la obra pública vial hacia uno en el que se licitaban a empresas privadas para construirlas, para supervisar su construcción y otras para darles mantenimiento. Así, hace 28 años los mejores ingenieros estaban en CAMINOS. Luego de tomar ventaja de un retiro voluntario efectuado en dicha administración, rápidamente esos ingenieros se convirtieron en los contratistas del mismo CAMINOS y se perdió el recurso humano que tenía la experiencia y los conocimientos sobre la materia. Lo anterior en un contexto en el que el cambio de modelo a tercerizar la construcción y mantenimiento de la obra pública siempre dejó en manos de la institucionalidad pública su “planificación” y “diseño”. Ese “vaciamiento” del recurso humano de CAMINOS (el fenómeno del “hollowing out institutions”) es uno de los pilares torales que ha llevado a la debacle del modelo de infraestructura vial actual.
La problemática de nuestro corrupto e ineficiente Estado no tiene sencillas soluciones. No debe ser motivo de consignas como “el Estado no funciona” o frases bonitas para unos como “hay que sacar el Estado de todo”. Las nuevas tendencias en materia de desarrollo de los países destacan que para promover el mismo se necesita de una adecuada y robusta institucionalidad estatal que esté conformada por personal técnico adecuado y capacitado en las esferas de gobierno, desde ingenieros civiles, médicos, administradores, hasta analistas financieros de primer nivel, que además, sean independientes de los grupos de interés.
La falta de construcción de institucionalidad y de inversión en las capacidades técnicas del Estado desde los 90´s causó únicamente un “desplazamiento” de la ineficiencia. A manera de ejemplo, en la construcción de obra vial pasó de ser lenta en su construcción y cara en la adquisición de insumos, hacia un modelo donde es lenta en la construcción y cara en relación con la calidad de las obras. Siguiendo la misma línea, una de las posibles soluciones para resolver el problema de la carencia de infraestructura vial es profundizar el modelo de Alianzas Público Privadas o 3PPP (public private partnerships). Sin embargo, nuevamente aquí es importante tener en consideración que una agencia que va preparar proyectos complicados de estructurar y cuyo diseño debe ser de primer nivel para elaborar bases de licitación claras y técnicamente sustentables, necesita un cúmulo de funcionarios y técnicos (ingenieros, geólogos, analistas financieros, analistas económicos, etc.) que pueda estructurarlos. Esto es indispensable, claro, si no se quieren tener los problemas del “regulador benévolo” por desconocimiento o las “renegociaciones” estratégicas con motivaciones políticas como ha ocurrido en otros países que ha llevado a aprendizajes costosos sobre proyectos que fueron mal concebidos y estructurados.
En conclusión, la solución a muchos de los problemas del funcionamiento del Estado tiene que ver con la falta de recurso humano competente y la permanencia del mismo en sus puestos. Abordar ese problema debe pasar por una reforma o de un modelo nuevo en nuestro servicio civil donde se fortalezca la institucionalidad pública y la construcción de capacidades necesarias. Si no, como en los 90´s, seguiremos en las mismas, o bien, las posibles soluciones se divisen que únicamente desplazarán el problema. Esperemos que los candidatos a elección popular hablen y tengan propuestas sobre estos temas en lugar de hacer slogans y cantar cancioncitas.
