Por: Adrián Zapata
La semana entrante se anunciará la Convocatoria a elecciones generales. A partir del día siguiente comenzará la inscripción de candidatos y del 21 de marzo al 23 de junio será la campaña electoral. Las elecciones serán el 25 de dicho mes. Actualmente, según publicación del Tribunal Supremo Electoral de fecha 6 del mes en curso, existen 29 partidos políticos vigentes, además de 19 comités pro formación de partidos y ya hay 10 binomios presidenciales definidos.
Lo más obvio es que la trascendencia de estas elecciones sea la posibilidad que continúe la cooptación de la institucionalidad estatal por parte de la “alianza perversa” (algunas élites empresariales, mafias político criminales y narcotráfico subyacente) o que se empiece a revertir. En esencia, lo principal que está en juego es la recuperación de la naturaleza republicana del Estado guatemalteco (la división de poderes).
Estando el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público alineados con esa convergencia perversa, como muchos lo señalan, es cuesta arriba imaginar un proceso electoral que goce de legitimidad. No se puede garantizar, por lo tanto, ni siquiera la dimensión procedimental de la democracia (aquella que la restringe a las simples reglas del juego en la lucha por el poder político). Está en manos de esa institucionalidad definir quiénes podrán participar en las elecciones.
Sin embargo, pese a ese sombrío panorama, este proceso electoral presenta una ventana de oportunidad para que se dé un salto cualitativo que rescate la democracia y que permita que la política juegue su papel en la construcción de caminos de solución a los problemas estructurales de nuestra país (pobreza, desigualdad, exclusión…).
Pero aprovechar esta ventana de oportunidad requiere al menos de tres elementos importantes y uno más de suprema relevancia. Los tres primeros se refieren a los actores que tienen la posibilidad de incidir de manera relevante. Allí se ubican las élites empresariales que deberían salirse de la alianza perversa y darse cuenta que el hedor de las mafias político criminales y del narctoráfico los llevará a condiciones dramáticas. Y acá me refiero a las “élites empresariales tradicionales”, no a aquellos empresarios que utilizando la corrupción y la impunidad acumulan y reproducen su capital haciendo negocios mafiosos con el Estado. Estos delincuentes están descartados de esta posibilidad. Los “tradicionales” deben entender que ya no pueden seguir teniendo un Estado al servicio de sus intereses empresariales, garantizándoles un modelo de acumulación de capital que se basa en la deificación del mercado. Deberían darse cuenta que el modelo neoliberal se ha debilitado a nivel mundial. Algunos de ellos fueron procesados por la CICIG por sus prácticas tradicionales de financiar a los partidos para tenerlos a su servicio. Ellos están a tiempo de rectificar y hay señales que muchos lo pretenden. El espejo de Nicaragua debe servirles para visualizar su futuro si continúan en esa convergencia perversa. Y el narcotráfico subyacente debería hacerlos entender la oscura caverna en la que se encuentran metidos.
Otros actores son los que podríamos incluir en el ámbito del “progresismo”, o sea los partidos de izquierda y centro izquierda, las organizaciones sociales (campesinos, indígenas, mujeres, etc.) y los pequeños y medianos empresarios que desearían un auténtico libre mercado, donde no sufran la exclusión que permite la corrupción y las competencias desleales a las que los someten los grandes empresarios. Pero estos actores ya deberían haber entendido que su lucha no puede estar amarrada a las barbas del Tío Sam, quien los deja “colgados de la brocha” cuando no les son coyunturalmente útiles. ¡Urge la unidad del “progresismo”! Y aquí es donde aparece el tercer actor, la “comunidad internacional”, particularmente los Estados Unidos, cuyas veleidades han contribuido a consolidar la convergencia perversa.
Pero el actor trascendental es la participación ciudadana, especialmente la correspondiente a las mayorías pobres y excluidas, los pueblos indígenas y aquellos sectores medios que sienten ira por la corrupción imperante, así como por la grosera soberbia del Presidente y de quienes lo rodean en su círculo íntimo y en los adyacentes. El descaro de las mafias político criminales ultraja la sensibilidad ciudadana. Esta indignación potencia la desesperación que padece la población debido al deterioro de sus ya lamentables condiciones de vida, derivadas de causas exógenas y endógenas, particularmente del terrible manejo gubernamental de la pandemia.
Es deseable que en este proceso electoral se alineen los actores referidos en la dirección señalada.
