Autoridades en Perú dijeron el jueves que esperan el reinicio la próxima semana de las protestas que piden la renuncia del actual gobierno, presidido por Dina Boularte tras la destitución del presidente Pedro Castillo a principios de mes. «Tenemos información de que posiblemente, a partir del día 4 de enero del próximo año, nuevamente tengamos conflictos sociales, muy particular en la zona sur», sostuvo el ministro del Interior, Víctor Rojas, durante una conferencia con la prensa internacional en Lima.
Rojas dijo que en breve viajará a Arequipa (sur), Cusco y Puno (sureste) «para establecer y corroborar la información y disponer los servicios policiales». Agregó que la acción policial «no será con el afán de una acción de represión sino para proteger la propiedad y el libre tránsito». Al respecto, Boularte, quien encabezaba la rueda de prensa, hizo un llamado a la «reflexión».
«Hermanos, hermanas, a pesar de que las protestas sean pacíficas, generan pérdidas para el Estado, (…) con estos ingresos podemos resolver problemas de salud, agua, desagüe, carreteras (…) Los llamo a la reflexión», dijo. «Sé que con justa razón reclaman lo que no se ha atendido. Que sus reclamos sociales son justos y no nos negamos a atenderlos. Sentémonos en la mesa y pongamos la agenda con fecha específica y empecemos a trabajar», agregó la exvicepresidenta.
Boularte asumió la presidencia de Perú luego de que, el 7 de diciembre, Castillo intentó cerrar el Congreso, pero no tuvo respaldo institucional y fue detenido bajo cargos de rebelión. Su caída desató violentas protestas las siguientes dos semanas, que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
🇵🇪 Las protestas en Perú que piden la renuncia del actual gobierno, encabezado por Dina Boularte tras la destitución del presidente Pedro Castillo, podrían reactivarse a partir del 4 de enero, sostiene el ministro del Interior, Víctor Rojas #AFP pic.twitter.com/dMwy40zvvJ
— Agence France-Presse (@AFPespanol) December 29, 2022
La declaratoria de un estado de emergencia permitió que los militares participaran en la contención de manifestaciones. La Defensoría del Pueblo ha pedido una investigación por la muerte de varios manifestantes por disparos al cuerpo.
«No fue fácil para nosotros tomar la decisión de declarar un estado de emergencia (…) la violencia y los fallecidos me duelen en el alma, yo no pedí esas muertes», dijo Boularte, quien prometió que no habrá impunidad. El jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que la investigación de las muertes se realizará en el fuero común.
Castillo justificó su intento de golpe en la obstrucción que le ejercía el Congreso para ejercer sus funciones y denunció tratos racistas. Su intento no tuvo respaldo institucional y fue destituido por el Congreso y detenido para ser investigado por rebelión.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Congreso aprobó hace una semana pasar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
