POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Este lunes se tiene previsto que la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), concluya el análisis del caso del contrato de usufructo suscrito en 2012 por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Carlos Mencos, jefe del ente fiscalizador, explicó que la evaluación determinará si se pide a la Procuraduría General de la Nación, la lesividad o la nulidad del contrato. El entrevistado argumentó que el Artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que no se puede concesionar ningún bien que genere utilidades al Estado.
«En este caso, no se otorga la Empresa Portuaria Quetzal, pero se instalará una empresa a la par, lo que afectará las utilidades que puede generar la primera y además dispondrán de la infraestructura que se ha desarrollado en el área y van a operar con los clientes que ya tiene EPQ, con lo que ésta perderá una parte de las utilidades que tiene», afirmó Mencos.
El Contralor también manifestó que el plazo para declarar la lesividad es de tres años, pero el convenio firmado establece que es a partir de la entrega de los terrenos, situación que ocurrió en 2013.
En el caso de la lesividad es el Gabinete de Ministros el que lo declara y en la nulidad, es la Procuraduría General de la Nación (PGN) la que solicita al Ejecutivo el permiso para trasladarlo a un tribunal de lo contencioso administrativo.
Mencos realizó hace unas semanas una inspección in situ a las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, para verificar y recolectar información sobre el usufructo oneroso que con el aval del presidente Otto Pérez Molina fue firmado en 2012 entre EPQ y Transporte de Contenedores Quetzal -Subsidiaria de Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB)-, para la ampliación del puerto en este departamento.
