POR CLAUDIA PALACIOS
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Las juezas Zoila López, del juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal y Mayra Álvarez, jueza de ejecución de Quetzaltenango, regresarán a sus respectivas judicaturas, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a esta última y ordenó suspender su traslado por parte de la Corte Suprema de Justicia.
López y Álvarez, al igual que otros cinco jueces, accionaron ante la CC a raíz de la decisión de la CSJ de trasladarlas a otras judicaturas, sin justificar las razones y omitiendo el procedimiento establecido en la Ley de la Carrera Judicial.
A mediados de julio del presente año varias organizaciones de derechos denunciaron que dichos traslados constituyen una violación a la independencia judicial, ya que responden a una agenda de la CSJ que “pretende encauzar a los jueces honestos a estados intolerables para que renuncien o actúen apartados de esa independencia y se terminen plegando al sistema descompuesto”.
Los magistrados de la CSJ han expresado que los traslados responden a quejas disciplinarias contra los jueces; sin embargo, los afectados señalan que la Ley de la Carrera Judicial no establece los traslados como mecanismo de sanción.
La CC aún debe resolver en definitiva la acciones de amparo interpuestas por las juezas Jennie Molina, Patricia Gámez, Erika Aifán, y los togados Julio Bonifacio Baquiax y Arturo Estrada.
