POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt
En diversas manifestaciones y en redes sociales, los guatemaltecos han expresado la necesidad de realizar reformas profundas que cambien el sistema político, económico y judicial, con miras a transformar la sociedad. Analistas observan las rutas que están siguiendo estos esfuerzos, aunque destacan que no necesariamente el país está avanzando por el camino adecuado.
El analista independiente Álvaro Pop considera que la reforma debe ayudar a crear una cultura política ciudadana diferente, que permita que las personas se indignen ante el fenómeno de la corrupción, la impunidad y la mentira de los políticos, sin importar el cargo por el que fueron electos.
A decir de Pop, el verdadero espíritu de un funcionario es servir a la comunidad con honestidad y pertinencia, pero si actúan contrario a ello, la ciudadanía tiene derecho a castigarlos y exigirles cuentas, como ha sucedido en las últimas manifestaciones ciudadanas donde además de rechazar la corrupción se pide transparencia y castigo para los corruptos.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala (ODHAG) Nery Rodenas, hace énfasis en que todo cambio requiere de hombres y mujeres que presenten intereses colectivos y no individuales ni de un sector como se ha manejado en los últimos años.
Según Diego José Maza del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), lo que procede es que la misma ciudadanía integre y funde partidos políticos con que se sientan identificados, para que los mismos proclamen a candidatos que los representen y planteen los cambios necesarios.
Sin embargo, estas ideas aún no se concretan. Un punto de partida son las reformas legales que cambiarían el ordenamiento jurídico en temas vitales, como la elección de autoridades, el sistema de compras y contrataciones del Estado, la regulación de normas de transparencia en la gestión pública y el sistema de justicia.
LAS (FALLIDAS) REFORMAS
Si bien el Congreso ya aprobó en primera y segunda lecturas la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el proyecto no anima a la sociedad civil porque fue modificado por los diputados, que dejaron fuera aspectos importantes en la regulación de campañas y partidos.
El financiamiento de las campañas, la participación de particulares como financistas, el reconocimiento del voto nulo como una opción electoral y la prohibición de la reelección son algunos de los aspectos que se quedaron en el olvido.
Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos, criticó que se hicieran cambios sustanciales a la propuesta de reformas planteada por el TSE y el pliego petitorio que presentó a la Plataforma Nacional para la reforma del Estado, con miras a realizar una verdadera reforma política.
Alvarado solicitó que se respete la propuesta inicial del TSE e instó a que previo a la contienda electoral se aprueben de inmediato aspectos fundamentales tal como el voto nulo, en donde pidió que sea vinculante; la reelección acotada, no al transfuguismo y permitir que los comités cívicos electorales puedan postular candidatos a diputados.
“Este momento es histórico y fundamental y está en manos de los diputados generar los cambios que pueden llevarse a cabo si se reforman los Artículos 196 y 256 de la LEPP, colocando unos artículos transitorios al respecto”, indicó.
En tanto Óscar Julio Vian Morales, Arzobispo Metropolitano, indicó que los legisladores no deben fijarse en las organizaciones políticas sino ver el bien común, ya que “si realmente se busca el cambio en el país, se debe hacer lo posible por hacerla cambiar en todas aquellas determinaciones que hoy serán vitales en el Organismo Legislativo”, enfatizó.
César Vásquez, presidente de la Alianza Evangélica, expresó que de no realizarse prontamente los cambios solicitados, los resultados de las elecciones no van a parar la inestabilidad política y los vicios que se han denunciado. Debido a ello, considera que es urgente que ahora se realicen acciones por escuchar el clamor popular y que los trámites se lleven dentro del marco de la legalidad.
UNA PROPUESTA CUESTIONADA
La justicia es otra de las preocupaciones en las reformas del Estado y la propuesta planteada en ese sentido por la Corte Suprema de Justicia fue polémica, aún antes de que llegara al Congreso, debido a que no contemplaron las propuestas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.
Respecto a la propuesta de reforma a la Ley de la Carrera Judicial presentada públicamente por la CICIG, Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, opinó que es evidente la resistencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a dicho proyecto que pretende entre otras cosas, la separación de la función administrativa de la jurisprudencia.
“Esa actitud (de los magistrados de la CSJ) es deplorable, porque están tratando de afectar la propuesta de la CICIG y lo hacen porque no quieren perder el poder en el Organismo Judicial. Además, están yéndose en contra del clamor del pueblo que está pidiendo un OJ independiente y no abona para nada a los esfuerzos que se están haciendo desde distintos sectores para cambiar el sistema”, señaló el entrevistado.
COMPLEMENTOS NECESARIOS
Otro elemento para contrarrestar la corrupción, es reformar la Ley de Comisiones de Postulación, dice Diego José Maza, ya que ese modelo ha servido para nombrar a jueces y magistrados a través de alianzas políticas como quedó evidenciado a finales del 2014, cuando se seleccionaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.
De hacerse ese cambio, la siguiente ley a reformar es la de Contrataciones del Estado, agrega Nery Rodenas, para que las instituciones gubernamentales no sigan adjudicando proyectos a empresas con vínculos políticos en donde los mismos obtienen múltiples beneficios.
Las dos reformas también deben hacerse acompañar de enmiendas a la Ley de Servicio Civil, dice Álvaro Pop, porque es necesario que haya una carrera dentro del Gobierno donde los trabajadores que ahí laboran tengan tranquilidad, además para evitar que se den gastos “absurdos” en términos sindicales que afectan las finanzas del país.
Entre tanto, los analistas coinciden en que los cambios urgentes deben iniciarse desde lo interno de los tres organismos del Estado, ya que es donde se albergan los principales actores que fomentan la corrupción. Los cambios se deben dar con la presión ciudadana que cada fin de semana exige cambios, según afirman.
UNA NUEVA CULTURA
Iván Velásquez, jefe de la CICIG, dijo recientemente que “lo que ahora se ha iniciado como una cruzada contra la corrupción, no solo debe afectar los sectores criminales, sino que también debe establecer una cultura de legalidad en la sociedad”.
El comisionado hizo énfasis en que el fortalecimiento democrático del Estado de Derecho en el país debe demostrar al mundo cómo esta sociedad es dueña de su destino, que lucha por él y enfrenta cada situación, como actualmente lo hacen los guatemaltecos, en donde manifiestan que ya no están dispuestos a continuar soportando los efectos de la corrupción.
Por otro lado, Thelma Aldana, señaló que derivado de su lucha contra la corrupción ha recibido cinco acciones ante los tribunales del país.
No obstante, indicó, el apoyo demostrado por los distintos sectores la compromete como Ministerio Público a continuar con el trabajo transparente y efectivo, coordinado con la CICIG, al igual que seguir cumpliendo con la obligación legal y promoviendo la persecución penal, así como velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.
Los funcionarios creen que además de las reformas legales, los ciudadanos deben repensar en cómo se afrontan los problemas actualmente y cómo deberían ser en un sistema donde prime el respeto a la Ley.
DE LAS PROPUESTAS A LAS CONSECUENCIAS
Para lograr una reforma política es necesaria la actividad y resistencia ciudadana, sin embargo, ésta podría alcanzar un grado de frustración ante la falta de respuesta del Congreso y de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), después que se ha solicitado retrasar las elecciones generales y estas siguen en firme.
El analista Álvaro Pop cree que las manifestaciones podrían atravesar por una etapa “difícil” donde probablemente se dé un ambiente de tensión y violencia por no atender las demandas ciudadanas. Este fenómeno según el experto podría alcanzar los primeros meses del próximo Gobierno.
El representante de DEMOS, Diego José Maza, también analiza lo dicho por Pop y agrega que la violencia ciudadana podría hacerse acompañar de los ciudadanos del interior del país, porque desde años atrás los movimientos organizados que han solicitado que se legisle a favor de los mismos y el Congreso ha ignorado la petición.
En los últimos meses Guatemala ha sido testigo de cómo las personas cansadas de la corrupción se han manifestado para rechazar la misma. Las manifestaciones se han hecho en la Ciudad Capital y en las cabeceras departamentales tales como: Alta Verapaz, Quetzaltenango, San Marcos, de donde han salido grupos ciudadanos hacia la Capital rechazando la falta de transparencia en el Gobierno.
A UN PASO DE LAS ELECCIONES, EL ABSTENCIONISMO
El análisis de los consultados lo hacen a menos de tres semanas de las elecciones generales donde las manifestaciones siguen latentes y los casos de corrupción siguen saliendo a luz semanalmente donde se evidencia la forma en que operan los distintos funcionarios desde las redes de corrupción.
Ese panorama ha llevado a las organizaciones del Mirador Electoral a predecir que el día de los comicios, el 6 de septiembre, se dé en un ambiente de “desgano” electoral por la incertidumbre en el proceso de elecciones, la falta de propuestas serias de las agrupaciones políticas, el clientelismo y la no aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El Mirador Electoral cree que el 39.17% del abstencionismo electoral reportado en las elecciones del 2011 podría aumentar, ya que su observación a lo largo de todo el país los ha llevado a la conclusión de que la falta de claridad en el financiamiento que reciben los partidos políticos, las agresiones a periodistas y observadores son otros dos elementos que se suman a lo mencionado.
El abstencionismo que se da previo a las elecciones es “provocado porque el elector no encuentra respuestas a sus aspiraciones y demandas en la oferta electoral. Estos hechos sumados a los juicios en las cortes, y el cúmulo de falencias del sistema político han creado un clima poco favorable al evento electoral. Las élites partidarias deben asumir con seriedad su compromiso con la sociedad y dar señales de confianza a la población”, afirma Elmer Velásquez, portavoz del Mirador.
