Las Naciones Unidas lanzarán una campaña de un año de duración para conmemorar el 75º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), a partir del próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. La campaña servirá para dar a conocer la DUDH centrándose en su relevancia, legado, e incidencia, usando el lema “Dignidad, Libertad y Justicia para todas las personas”, que da origen al título de esta columna.
En su preámbulo, la DUDH destaca que el «reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo». La DUDH consta de un preámbulo y 30 artículos que establecen una gran variedad de derechos humanos y libertades fundamentales a los que todos los seres humanos, hombres y mujeres, en cualquier parte del mundo, tenemos derecho. La declaración garantiza nuestros derechos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, religión, idioma, o cualquier otra condición.
Sin embargo, Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, advirtió que pese a la importancia de los acuerdos multilaterales logrados después de la Segunda Guerra Mundial, las realidades a las que nos enfrentamos actualmente “son tan devastadoras como siempre”. Entre ellas citó la pandemia del coronavirus, la pérdida de confianza de la ciudadanía en los sistemas políticos o las actuales manifestaciones contra el racismo.
La Segunda Guerra Mundial, la conflagración más devastadora de la humanidad, fue impuesta por el Eje, una alianza catastrófica, integrada por Alemania, Italia y Japón, derrotada por los Aliados, gracias a un decisivo accionar político militar del resto de la humanidad.
Siguiendo ese parangón histórico, la ruptura constitucional y el retroceso democrático en nuestro país, ha sido impuesto por el pacto de corruptos, en el marco de la guerra contra el Covid-19, la recesión, la inflación y la indiferencia ciudadana, abrumada por las carencias y el miedo.
En Guatemala, a partir de 1960, las contradicciones sociopolíticas y económicas dieron origen a una guerra interna, que duró 36 años, dejando una enorme cauda de muertos, desaparecidos, torturados, desplazados y exiliados. En 1996, se suscribieron los Acuerdos de Paz, para transformar al país y construir un Estado democrático y multinacional de Derecho. Sin embargo, durante los últimos dos gobiernos ese proceso transformador ha sido frenado progresivamente, y ahora retrocedemos de golpe, debido al accionar de una pérfida alianza de empresarios venales, políticos corruptos y militares genocidas.
Durante las últimas elecciones, gracias a un fraude de ley que invalidó la candidatura de Thelma Aldana y otros postulados a diputados, el pacto de corruptos se hizo con los Organismos Ejecutivo y Legislativo, y con el Tribunal Supremo Electoral, afianzó el control sobre la actual Corte Suprema de Justicia y, finalmente, se apoderó de manera espuria de la CC y de la PDH.
Lo que no pudieron lograr con la guerra, ahora lo han conseguido por medio de la corrupción, la impunidad y la abulia de una ciudadanía que, atemorizada por la pandemia y la recesión, deja hacer y deja pasar.
Según la ONU, “la promesa de la DUDH de dignidad e igualdad en derechos ha estado sometida a ataques. El planeta se enfrenta a una crisis climática, la pandemia de COVID-19, el aumento de los conflictos, la inestabilidad económica, la desinformación, la injusticia racial, además de los retrocesos globales en los derechos de las mujeres. Las personas se sienten frustradas y han perdido confianza debido a lo que ellas consideran como inacción e incapacidad de gobiernos e instituciones para proteger los derechos humanos.
Los y las jóvenes sienten que no son escuchadas o no conocen la existencia de la Declaración”.
En Guatemala, además, la promesa de la DUDH de dignidad e igualdad en derechos se aleja por la criminalización de las y los defensores de DD. HH. y periodistas. En nuestro país, el ejercicio del periodismo bajo asedio es una práctica común, como demuestra el informe del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), divulgado el pasado 10 de enero, el cual consigna que durante el segundo año de Gobierno de Alejandro Giammattei se registraron 135 agresiones contra comunicadores y medios de prensa, sumando 284 en los dos años de la actual administración, convirtiéndose en el período de Gobierno con la mayor cantidad de agresiones, ataques, hostigamientos y censura contra la prensa.
Quienes defendemos la libertad y la democracia debemos recordar que a través de la libertad de prensa se expresan las demás libertades políticas y los derechos primarios básicos, como el derecho a la vida, a la paz y la igualdad solidaria y fraternal entre los seres humanos.
Es urgente y necesario que el Pueblo despierte, salga a la calle y recupere la democracia y la libertad que nos han arrebatado, para que haya “Dignidad, libertad y Justicia para todas las personas”.
