POR MANUEL RODRÍGUEZ
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El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, expresó que la corrupción es un “cáncer” incrustado en los tres poderes del Estado y por lo tanto se debe entender que los funcionarios que incurren en esta práctica “están actuando en contra de la sociedad y la dignidad” de los guatemaltecos, poniendo en riesgo a la vez, las relaciones sociales y las posibilidades de una subsistencia digna en el país.
Tras participar en el foro “El costo social de la corrupción”, organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI–, y la organización OXFAM International, Iván Velásquez mencionó que este flagelo está incrustado en los tres organismos del Estado, por lo que es necesario combatirlo, ya que pone en riesgo las relaciones sociales y las posibilidades de una subsistencia digna, porque en la medida que hayan menos recursos para atender las necesidades básicas de la población, esta buscará otras acciones para subsistir, como la migración ilegal.
Asimismo, el Comisionado de la CICIG explicó que por cada quetzal del erario nacional que se desvía al bolsillo un funcionario vía corrupción, es dinero que no se invierte en las mejoras de los servicios de salud y educación, por lo que es importante entender que de esta forma, el corrupto está actuando en contra de la sociedad y la dignidad de las personas, principalmente las que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
“La lucha contra la corrupción debe estar en el centro de la actividad del Estado y la sociedad porque es parte de una articulación que tiene que existir. Si el Estado es inferior en su responsabilidad de combatir la corrupción, la sociedad tiene que unirse porque es una lucha conjunta para la protección de sus propios recursos”, comentó Velásquez.
El delegado de las Naciones Unidas también dijo que los actos de corrupción no son algo exclusivo de una administración de gobierno o de un partido político, sino un problema estructural que tiene muchos años de existir y que con el paso de tiempo hasta se ha convertido en una manera de actuar en la función pública, por lo que el reto para el Estado está en erradicar por completo este fenómeno.
“Tratar que los corruptos sientan que la justicia estará siempre detrás de ellos y que habrá una sociedad vigilante y una comunidad internacional que va a proteger los recursos que se le brindan al país”, exclamó el entrevistado.
El jurista colombiano, quien llegó al cargo en septiembre de 2013 en reemplazo del costarricense Francisco Dall’Anese, utilizó el pasado fin de semana su cuenta de Twitter para instar a los guatemaltecos a denunciar cualquier acto de corrupción.
En las últimas semanas, la labor de la CICIG, establecida en 2007 para investigar y desmantelar estructuras criminales incrustadas en el Estado, ha sumado apoyo de académicos, empresarios, religiosos, embajadores, partidos políticos y otros sectores de la sociedad civil.
“La lucha contra la corrupción debe estar en el centro de la actividad del Estado y la sociedad porque es parte de una articulación que tiene que existir”.
“Si el Estado es inferior en su responsabilidad de combatir la corrupción, la sociedad tiene que unirse porque es una lucha conjunta para la protección de sus propios recursos”.
