Julio Roberto Bermejo González
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En un país civilizado el Estado de Derecho debe interpretarse y entenderse como la solución social en la que tanto gobernantes como gobernados respeten la norma suprema, el contrato social existente, el que en Guatemala es la Constitución Política de la República. Lo anterior supone un funcionamiento normal y respetuoso de los tres poderes del Estado. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el que los dignatarios, los funcionarios, todo empleado público y la población ajustan su conducta a las normas legales, con respeto absoluto a los derechos humanos de la población -La vida, la seguridad, la educación, la alimentación, la expresión libre del pensamiento y ser informados,- y los derechos sociales, como la vivienda, la seguridad social, la protección de la mujer, de los niños, las personas de la tercera edad, los derechos políticos de elegir y ser electos, la efectiva participación en la organización de los partidos políticos y en la vida política del país. Un auténtico Estado de Derecho exige también que la población actúe en forma ética y con respeto a las normativas legales que aseguran la convivencia. Si unos u otros no ajustan su actuar y comportamientos a las normas legales, no podremos señalar que el país está funcionando como un Estado de Derecho.
En Guatemala, los funcionarios del Organismo Ejecutivo, Presidente, Vicepresidente, Ministros y otros de funciones ejecutivas similares no han ajustado su actuar a la ética ni a las normas legales vigentes. Ejemplos sobran, tenemos una Vicepresidenta que fue obligada a renunciar por corrupta; a un Presidente repudiado por la sociedad pensante por corrupto e irresponsable, con antejuicio pendiente de declararse con lugar; Ministros sindicados de corrupción y por ello han tenido que renunciar; al exsecretario privado de la Presidencia ahora preso acusado de corrupción y tráfico de influencias; al exsecretario de la Vicepresidencia procesado por lidiar una banda dedicada al contrabando, defraudación y tráfico de influencias; una SAT dirigida por delincuentes; un Secretario General de la Presidencia sujeto a proceso; y muchísimos otros funcionarios sindicados de actos ilegales. Es oportuno señalar que el presidente Pérez Molina debe renunciar porque cualquier actuación que haga ya es ilegítima y derivado de ello ya no debe corresponderle el control de todo el Organismo Ejecutivo, el que también está siendo controlado por la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Se tiene un Organismo Legislativo cuyos miembros -con pocas excepciones- son responsables de una inactividad dolosa del Organismo con incumplimiento absoluto de las funciones legislativas y de fiscalización que les corresponde y desenvolviéndose los diputados dentro de un ambiente de tráfico de influencias, transfuguismo, negocios sucios en contratos de obras, y cobros ilegítimos que los enriquecen. El Organismo Legislativo en su conjunto es absolutamente irresponsable en el cumplimiento del mandato que la Constitución Política le asigna.
Se tiene un Organismo Judicial, con numerosos integrantes a quienes se les ha sindicado de tráfico de influencias y enriquecimiento; y a otros de ser responsables de resoluciones no apegadas a derecho, en las que se visualiza corrupción.
No puede dejar de mencionarse que los Magistrados de las Cortes de Apelaciones y los miembros de la Corte Suprema fueron electos dentro de procesos eleccionarios obscuros y plagados de irregularidades.
Tampoco puede dejar de mencionarse, como parte del quebrantamiento del Estado de Derecho, la de violencia imperante en la sociedad y el involucramiento de muchísimas personas dentro del crimen organizado, el narcotráfico y muchos otros delitos que afectan profundamente la convivencia social.
También debe mencionarse la corrupción dentro de las municipalidades, que ha determinado que los servicios que deben de prestar sean de mala calidad o no se presten, afectándose la condición de bienestar a que tienen derecho las respectivas comunidades. No debe olvidarse, que muchos alcaldes y funcionarios ediles están siendo procesados por corrupción.
Tampoco puede dejarse de mencionar que la corrupción también se ha instalado dentro del sector empresarial y sindical porque no hay corrupto sin corruptor y porque los sindicatos, principalmente los vinculados a los organismos estatales, se han convertido en maquinarias de presión para obtener beneficios indebidos, que están más allá de lo real y aceptable. Son empresarios los que participan en el contrabando y la defraudación fiscal.
El Ejército tampoco es ajeno, en sus cuadros altos y medios, a su involucramiento en tráfico de drogas y otras formas del crimen organizado. Todas las actividades corruptas señaladas no son nuevas, sino son actividades ilegales, conocidas desde hace muchos años, pero que por una u otra razón han sido toleradas por la ciudadanía y no perseguidos por las autoridades a quienes les corresponde la persecución penal.
Todo lo descrito permite suponer que el país vive en inestabilidad institucional y que el Estado de Derecho está en crisis y dentro de esta situación en la que la Clase Política y los Partidos Políticos se están desenvolviendo dentro de un clima de corrupción, clientelismo, tráfico de influencias, irregular funcionamiento de las campañas políticas y falta de presentación a la ciudadanía de programas de gobierno creíbles. Es absolutamente irresponsable convocar a la ciudadanía a un proceso electoral en que se están postulando casi todos los políticos corruptos. Después del despertar ciudadano y que se ha destapado toda la corruptela existente, no es aceptable que las instituciones del Estado vayan a seguir siendo manejadas por los mismos corruptos que han puesto de rodillas al pueblo de Guatemala.
El país, su pueblo y las instituciones deben volver a funcionar bajo nuevos criterios y normas que inspiren confianza y que puedan ser el cimiento de una estructura nacional democrática de paz, estabilidad institucional y con vigencia plena de un Estado de Derecho. El pueblo de Guatemala ha tolerado épocas difíciles en las que la corrupción ha imperado y los funcionarios han sido cooptados por todas las formas del crimen organizado. Guatemala no puede tolerar nuevamente gobiernos ilegítimos y tampoco un Congreso de la República ineficiente, corrupto e irresponsable, que no ha querido emitir las leyes necesarias que podrían corregir todo el desorden institucional existente.
No es razonable que dentro de este desorden institucional en que está Guatemala se realice un proceso eleccionario en el que podría perderse nuevamente la institucionalidad, por llegar al gobierno y al Congreso de la República, los mismos corruptos que ahora son rechazados insistentemente por la ciudadanía.
La protesta social es legítima y se sustenta en lo dispuesto por los artículos 136 inciso c) y 152 de la Constitución Política de la República. Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral ser responsable y no permitir que un proceso electoral se realice en un ambiente en que la libertad y la plena vigencia de los derechos constitucionales está ausente, tal como se lo ordena el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP); también el artículo 211 de la LEPP admite la posibilidad de que por no haberse realizado el proceso electoral en su debida oportunidad la toma de posesión se realice dentro de los ocho días siguientes a la fecha de adjudicación de los cargos. Este precepto legal hace suponer que el proceso electoral puede posponerse si se produce una situación que así lo justifique. Lo que está sucediendo en Guatemala explica y justifica que el proceso eleccionario se posponga porque se está viviendo un clima en el que los binomios presidenciales se están desintegrando, los diputados y alcaldes que se quieren reelegir están siendo cuestionados por falta de capacidad, honradez e idoneidad, tal como lo exige el artículo 113 de la Constitución Política; además están siendo sujetos a procesos, los que pueden concluir en que se les levante el Antejuicio de que gozan; tampoco se han emitido las reformas a ciertas leyes como la de la Carrera Judicial, la Contraloría de Cuentas, la de la SAT, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la del IGSS, la del Servicio Civil, la Ley de Amparo, la de Contrataciones del Estado y especialmente las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que entren en vigencia y afecten al proceso eleccionario que se convoque.
Guatemala y su pueblo se merecen que la institucionalidad sea reorientada adecuadamente.
