POR CLAUDIA PALACIOS
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La Inmunidad de la jueza Claudia Escobar está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones, cuyo proceso de elección y nombramiento cuestionó.
Para Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, tras un cuestionado nombramiento, el Organismo Judicial sigue enfrentándose a situaciones que ponen a prueba su imparcialidad y el caso de Claudia Escobar es uno de ellos.
La exmagistrada renunció a su reelección en la Corte de Apelaciones luego de señalar las irregularidades del proceso y el tráfico de influencias por el que estuvo marcado.
Ahora, Escobar deberá ser juzgada por los magistrados electos a través del sistema que denunció.
El antejuicio contra Escobar fue interpuesto por el diputado Gudy Rivera, como respuesta a una denuncia que la jueza presentó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la cual lo señaló de tráfico de influencias.
Escobar presentó una grabación en la que supuestamente se evidencia que el congresista intentó influir en un fallo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a cambio le ofreció su reelección.
El diputado señaló a la jueza de calumnia, usurpación de atribuciones, registros prohibidos y simulación del delito.
Mack considera que la denuncia contra Escobar es espuria, por lo que cree que procede declarar sin lugar; sin embargo recuerda que la CSJ ya fue acusada en dos ocasiones de tomar represalias contra la exmagistrada y otros jueces que se pronunciaron contra la corrupción del sistema de comisiones de postulación y pidieron abiertamente la repetición de la elección.
“Ya hemos visto la parcialidad de la CSJ en estas decisiones, la cual se terminaría de confirmar si se da trámite a una denuncia sin fundamentos en su contra”, dijo Mack.
La analista indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está conociendo el caso de la jueza y que todo fallo irregular será tomado en cuenta. “Esto daría más argumentos a la CIDH para pronunciarse contra el nombramiento de estas cortes”, reiteró.
Oswaldo Samayoa, analista independiente, cree que mientras el sistema de corrupción siga formando parte de todos los organismos del Estado, cualquier persona que se atreva a señalarlo, enfrentará las consecuencias de ello a nivel personal y laboral.
Samayoa considera que para que los magistrados de las cortes puedan desmarcarse de esta situación de desconfianza, tienen que asumir, por la vía legislativa o por la vía interna, cambios que prevengan que sucedan arbitrariedades contra jueces independientes.
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, indicó que la demanda de imparcialidad e independencia no solo recae sobre la CSJ, en este caso, sino también sobre el juez pesquisidor, que seguramente será un miembro de la Corte de Apelaciones.
El pasado 5 de agosto la Corte de Constitucionalidad ordenó regresar a la CSJ el expediente del antejuicio contra la magistrada Claudia Escobar y el del diputado Gudy Rivera, rechazados de manera liminar por la Corte anterior.
