El pasado 16 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público informó acerca del desarrollo de una diligencia de allanamiento, registro, inspección y secuestro de evidencias en un inmueble de la Antigua Guatemala, la cual concluyó con el hallazgo de 722 piezas arqueológicas de diferentes tamaños, temporalidades y materiales y 500 piezas de dimensiones pequeñas, haciendo un total de 1,222 piezas incautadas.
Esta acción se da tras la detención de la estadounidense Stephanie Alisson Jolluck, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el 10 de noviembre de este año, cuando intentaba salir del país con dos piezas arqueológicas dentro de su equipaje y que luego de ser beneficiada por un juez con medida sustitutiva, fuera detenida nuevamente el 14 de noviembre en la Antigua Guatemala, junto con el también estadounidense Giorgio Rosilli, cuando trasladaban en un vehículo 166 piezas arqueológicas también de distintos tamaños, formas, materiales y temporalidades.
Por ambos acontecimientos, tanto el del 14 así como también el del 16 de noviembre, los dos estadounidenses fueron beneficiados con medida sustitutiva y el Ministerio Público tiene tres meses para realizar una investigación que determinará si deben o no enfrentar un juicio por el tráfico de piezas arqueológicas. Llama mucho la atención que en este caso se haya priorizado el no enviar a prisión a dichas personas, aún cuando una de ellas fuera detenida por el mismo delito tres veces en distintos contextos.
Lamentablemente este caso denota una situación aún más profunda, ya que evidencia (nuevamente) uno de los muchos matices que hay alrededor de la desprotección del patrimonio maya y coloca una vez más en la mesa la urgente necesidad de abordar esta problemática, que está vinculada con el papel de saqueo y despojo que el mismo Estado ha jugado en detrimento de la salvaguarda de estos bienes, que son invaluables precisamente por la importancia histórica que poseen.
La solución de este problema no radica únicamente en las leyes, como se ha querido hacer ver para justificar la aprobación de una “nueva” legislación, cuyo principal problema es que proviene de los mismos sectores, que de una u otra forma, han sido responsables o partícipes en el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y su privatización, que además han obstaculizado en distintas ocasiones la aprobación de una ley que provenga de los pueblos originarios, desde su visión, necesidades y para su beneficio.
¿Cómo llegaron a manos de estos estadounidenses las más de mil doscientas piezas que les fueron incautadas? ¿Desde hace cuánto tiempo vienen cometiendo este delito? ¿Cuántos casos más como este existen en el país y que no han sido investigados y mucho menos juzgados?
Lo complejo de esta situación es que implica una cadena de responsabilidades que tienen origen en el racismo histórico que impera en Guatemala, cuyos efectos provocan que el patrimonio maya sea considerado “importante” únicamente para fines turísticos-lucrativos, pues esto implica su explotación y folklorización, lo cual ha sido un negocio rentable tanto para autoridades (funcionarios), extranjeros, saqueadores y contrabandistas.
