POR CLAUDIA PALACIOS
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El Consejo de la Carrera Judicial dejó de hacer evaluaciones desde el 2007 y solo tiene injerencia con jueces de Paz e Instancia
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Misterio Público (MP) han puesto el ojo sobre la corrupción en el Organismo Judicial. Hasta la fecha han presentado seis solicitudes de antejuicio contra jueces; sin embargo, este proceso no se complementa con el fortalecimiento de la fiscalización interna de la institución estatal, cuya normativa al respecto no ha cambiado desde hace 16 años.
En un año, la CICIG y el MP han señalado a seis jueces por supuestamente incurrir en actos de corrupción. De estos, tres antejuicios ya han sido declarados con lugar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las pruebas presentadas por los entes de investigación son detalladas y van desde análisis financieros hasta interceptación de llamadas telefónicas.
Derivado de esto y de la cobertura de los medios de comunicación, la ciudadanía se ha convertido en contralora del ejercicio de la función jurisdiccional, considera Oswaldo Samayoa, analista independiente.
En la Torre de Tribunales la noticia de un nuevo juez señalado sigue causando alerta entre sus compañeros. «Ahora estamos en el ojo del huracán. Yo lo que prefiero, y así lo hemos hablado con otros compañeros, es que lo mejor es mantener un perfil bajo», dijo una jueza que no quiso ser identificada.
Para algunos jueces, las recientes acciones contra sus pares, son una «cacería de brujas» y una «presión indebida para resolver los casos a favor del MP»; mientras que para otros estas son «un proceso de depuración del Organismo Judicial».
Los analistas consultados coinciden en que las investigaciones del MP y la CICIG no son ninguna de las tres cosas, pero también niegan que signifiquen una mayor fiscalización de la función judicial.
«Una cosa es la percepción mediática y otra el control real sobre el ejercicio en el cargo de la judicatura. Lo que se ha visto en estos últimos meses es una mayor cobertura mediática al Organismo Judicial sobre el trabajo de los jueces», señala Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Escobar señala que tras las primeras investigaciones contra miembros del Organismo Judicial, la entidad está más expuesta al escrutinio ciudadano; sin embargo, advierte que esta situación dista de constituir un verdadero control sobre los jueces, la carrera judicial, el desempeño y en el cargo.
Para la analista este control debe comenzar a mejorar desde la selección de quienes ingresarán a la Carrera Judicial y, además, tomar en cuenta aspectos como formación y capacitación continua, evaluación del desempeño, traslados y ascensos y el régimen disciplinario, cuya normativa no ha cambiado desde hace 16 años.
«Son cinco aspectos que son parte de la Carrera Judicial, que funcionan en conjunto y cada uno debe ser fortalecido para mejorar el desempeño del juez y el acceso a la justicia. Estas cosas hoy la legislación no las tiene completas», indicó la entrevistada.
REFORMAS A LA LEY DE A CARRERA JUDICIAL
El pasado 1 de julio, la CSJ presentó al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de la Carrera Judicial. El documento recoge de manera parcial los temas discutidos en la mesa técnica integrada para este propósito por la CICIG, el MP, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, instituciones civiles y asociaciones de jueces y magistrados.
Sin embargo, la iniciativa de la CSJ discrepa en puntos medulares con algunos cambios discutidos por la mesa de la que también forma parte.
Días después de entregada la propuesta al Congreso, el comisionado Iván Velázquez señaló ante la prensa que la CSJ presentó su propio documento, sin respetar un acuerdo al cual llegaron todas las instituciones que participaron en la discusión, según el cual, los puntos en los que no se lograba llegar a un consenso, serían explicados al Congreso por todos los miembros de la mesa técnica.
El día de la presentación de la iniciativa, la mesa técnica no fue citada, por lo que Velázquez informó que presentarían su propia propuesta.
Entre los cambios que obvió la CSJ, está la supresión de sus funciones administrativas, las cuales pasarían a estar en manos del Consejo de la Carrera Judicial, cuya integración sería multidisciplinaria e incluiría a un experto en Recursos Humanos, Administración de Empresas y Pedagogía.
Samayoa considera importante que la CSJ asuma únicamente funciones jurisdiccionales, para asegurar que el ente contralor de jueces y magistrados sea independiente.
«Si yo ingreso al Organismo Judicial, yo debería estar sujeto a los controles del organismo en materia disciplinaria, que es el Consejo de la Carrera Judicial. El problema es que estos mecanismos de control están actualmente manejados por el Presidente de la CSJ, entonces no le dan ninguna independencia, ni imparcialidad a estos mecanismos y pueden, incluso, convertirse en un método de persecución contra el juez que quisiera», explicó el experto.
El año pasado, la CSJ protagonizó una polémica generada por las denuncias de tres juezas cercanas a la exmagistrada Claudia Escobar, quienes aseguraron que fueron trasladadas injustificadamente de sus respectivos juzgados, como represalia de los magistrados por la manifestación de su desaprobación a la manera en que fueron electos los titulares de las Cortes en el Congreso y la Comisiones de Postulación.
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial son imprescindibles, señala Samayoa. «A lo interno hay mecanismos, pero son manipulables y no son independientes», indicó.
EL PODER DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que los mecanismos de fiscalización al trabajo de jueces han existido desde la institución de la Ley del Organismo Judicial en 1989, en la que se indican algunas prohibiciones para los juzgadores.
«Estos mecanismos funcionan, aunque de manera deficiente; sin embargo, para ponerlos en práctica es necesario que el usuario del sistema de justicia realmente emprenda una cruzada contra las acciones de algunos jueces que los convierten en víctimas de la falta de acceso a la justicia o de la impunidad», dijo.
Para Ibarra, las investigaciones por corrupción en el Organismo Judicial han generado un ambiente propicio para que la ciudadanía pueda buscar los mecanismos legales establecidos para actuar contra jueces que estén teniendo un mal desempeño o que estén incurriendo en prácticas que deniegan justicia o que fomentan la impunidad.
«Se está creando un ambiente en la sociedad guatemalteca que puede hacer propicia esa lucha, que puede propiciar esa denuncia ciudadana, la defensa de la ciudadanía frente a operadores de justicia que abusan de su poder. Sin duda hay jueces que están temerosos de ser cuestionados», indicó.
LA LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN
Samayoa también considera que la depuración del Organismo Judicial requiere de la reforma de la Ley de Comisiones de Postulación.
“Pareciera que el sistema judicial ha empeorado sus servicios, pero no es así, el sistema judicial ha mantenido la mala calidad en el ejercicio de su función. Desde su origen, que son las Comisiones de Postulación”, indicó.
Según el analista, cuando se da la primera elección de magistrados a través del sistema de Comisión de Postulación, donde la sociedad civil pudo vetar y vigilar el proceso, se logró medianamente garantizar las capacidades de las personas que ingresarían, pero en el último proceso se retomaron estrategias para invisibilizar a estos grupos.
“En las últimas elecciones a magistrados los actores de la impunidad volvieron a ganar espacios que ya habían perdido y lo que encontramos es que los mecanismos de fiscalización se quedaron atrás”, expresó.
Sin embargo, para el entrevistado, hemos ganado una ciudadanía más informada, mayor acceso a la información pública. “Estos procesos están siendo acompañados por el MP y la CICIG, que descubren que quienes ingresan no tienen las capacidades y responden a intereses particulares”, concluyó.
JUECES CON SEÑALAMIENTOS
ERICK SANTIAGO: Acusado de prevaricato por supuestamente negociar una resolución para beneficiar a una empresa a cambio del pago del Q10 millones.
JISELA REINOSO: Señalada de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. Presenta un incremento patrimonial no justificado de Q1.4 millones.
MYNOR BARRERA: Señalado de prevaricato e incumplimiento de deberes por emitir una resolución irregular con la que dejó en libertad a cinco exdirectivos del Banco del Café (Bancafé), señalados de sustraer Q1 mil 200 millones a cuentahabientes.
CAROL PATRICIA FLORES: Señalada de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. La jueza es dueña de bienes inmuebles, cuyo valor sobrepasan su poder adquisitivo.
MARTA SIERRA STALLING: Señalada de prevaricato y cohecho pasivo. Se presume que aceptó un soborno de los abogados de los implicados en el caso “La Línea”, a cambio de beneficiarlos con medidas sustitutivas.
JOSÉ LUIS PATÁN: Señalado por cohecho pasivo. De acuerdo con las investigaciones emitió un fallo favorable al exsuperintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, a cambio de dos plazas en la institución para sus familiares.
CONFORMACIÓN DE CORTES
El 25 de septiembre de 2014 el Congreso eligió a 126 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, como resultado del pacto político alcanzado entre la bancada del Partido Patriota (PP) y el grupo de la principal fuerza de oposición, Libertad Democrática Renovada (Lider).
La elección fue cuestionada por la CICIG, organismos internacionales y sociedad civil, que denunciaron que el proceso violó la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Comisiones de Postulación, además de estar plagado de procesos oscuros y de negociaciones políticas.
El 19 de noviembre de 2014, la Corte de Constitucionalidad, avaló el cuestionado proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones y ordenó su toma de posesión.
